MADRID, 20 de mayo. (EUROPA PRESS) – El Gobierno ha manifestado que el auto judicial que imputa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntamente liderar una trama de tráfico de influencias es un documento «serio» que contiene indicios, aunque aseguran estar más tranquilos pues no hay pruebas incriminatorias concluyentes contra el exdirigente socialista.
Fuentes del Ejecutivo han destacado que el auto del juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional, que atribuye a Zapatero presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, no incluye mensajes, conversaciones o audios que evidencien tráfico de influencias; los indicios mencionados se basan en testimonios de terceros que aluden a las actividades de la supuesta trama.
Además, recalcan que Zapatero no figura como propietario de ninguna empresa y que todos los ingresos los ha recibido en su cuenta personal.
Zapatero, «faro moral» del PSOE
Las pruebas podrían aparecer en el futuro, una posibilidad que no descartan en Moncloa, pero en este momento se aferran a esta circunstancia para mantener el apoyo a un Zapatero al que consideran un «faro moral» para los socialistas.
No obstante, reconocen que este auto judicial no se relaciona con otras actuaciones judiciales que han sido públicamente desdeñadas, como la investigación del juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Sin embargo, no observan pruebas contundentes, como las que fueron presentadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, lo que motivó su inmediata defenestración.
El martes por la mañana, tras la difusión de la noticia sobre la imputación de Zapatero, el PSOE se apresuró a defenderlo sugiriendo que había una utilización política de la Justicia, alineándose con la consigna del PP de «quien pueda hacer que haga». Sin embargo, los miembros del Ejecutivo se han distanciado de esa idea, reconociendo que tal postura pudo haber sido precipitada, dado que no tenían conocimiento de la fundamentación del auto en ese momento.
Diversos socios del Gobierno, como Sumar, Compromís y Podemos, han rectificado sus declaraciones después de que inicialmente acusaran de guerra sucia judicial contra Zapatero. «Ya no está tan claro» que haya habido ‘lawfare’, comentó este miércoles la diputada de Compromís, Àgueda Micó, al ingresar al Congreso.
Mantienen apoyo hasta que aparezcan pruebas
En el Gobierno, por lo tanto, sostienen una «defensa cerrada» del expresidente Zapatero, aunque aclaran que lo harán hasta que surjan indicios probados. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, se manifestó en esta línea en los pasillos de la Cámara Baja a primera hora de este miércoles: «Yo le voy a seguir defendiendo hasta que se demuestre lo contrario», instando a la Justicia a que «ponga pruebas encima de la mesa».
Desde la tribuna, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió al expresidente, centrándose en su legado de retirar las tropas de la guerra «ilegal» de Irak, «acabar con ETA» y promover los derechos sociales de los españoles. «Todo mi apoyo al presidente Zapatero», afirmó.
