MADRID, 21 de mayo. (EUROPA PRESS) – Sumar está impulsando una iniciativa que busca regular las actividades de los expresidentes del Gobierno. La propuesta contempla la prohibición de que estos exmandatarios utilicen la oficina a la que tienen derecho, financiada por fondos públicos, para llevar a cabo actividades privadas con fines lucrativos.
El portavoz adjunto de Sumar y dirigente de Izquierda Unida, Enrique Santiago, hizo estas declaraciones en el Congreso como respuesta a la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En este contexto, destacó que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 mantienen congelada en 298.320 euros la partida destinada a los cuatro expresidentes del Gobierno: Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Esta cantidad se divide entre ellos, otorgando a cada uno 74.580 euros anuales para los gastos de sus respectivas oficinas.
Santiago opinó que el auto del juez José Luis Calama «no concreta» las imputaciones por blanqueo de capitales y apropiaciones indebidas. Sin embargo, consideró «muy grave» que alguien que ha ocupado la Presidencia del Gobierno «utilice recursos del Estado para cualquier tipo de actividad lucrativa».
El portavoz enfatizó que “eso debería estar perfectamente diferenciado y, desde nuestro punto de vista, debería estar prohibido: o se utiliza la oficina de expresidente para hacer actividades privadas, lo que no se puede es mezclar y, sobre todo, no se puede utilizar recursos de la oficina para realizar actividades privadas”. También hizo hincapié en la necesidad de delimitar claramente «qué actividades son públicas y cuáles son privadas».
LEY DE ‘LOBBIES’
En la misma línea, Santiago solicitó la reactivación de la tramitación de la regulación de las actividades de los grupos de interés, que el Gobierno envió al Congreso como parte del paquete de medidas anticorrupción tras la encarcelación hace casi un año del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Aunque los grupos han registrado sus enmiendas a esta ley, aún no se ha convocado la ponencia para comenzar a discutirlas.
El diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, también apoyó la idea de regular las actividades de los expresidentes, y propuso prohibir que estos puedan “vender su agenda de teléfonos”. Además, pidió reflexionar sobre la legalidad de que los expresidentes puedan «cobrar por dar charlas o por asesorar a empresas que luego pueden beneficiarse de las políticas públicas del Gobierno».
