
La Federación de Enseñanza y Servicios Socioeducativos de CC.OO. Madrid y UGT Servicios Públicos Madrid-Sector Enseñanza han anunciado este miércoles la convocatoria de una huelga indefinida en la enseñanza pública de la Comunidad de Madrid a partir de septiembre de 2026.
Según los sindicatos, «esta huelga responde a un deterioro sistemático y sostenido de las condiciones laborales, profesionales y pedagógicas del profesorado madrileño que, curso tras curso, se ha agravado sin que la Administración educativa haya adoptado medidas reales para revertirlo». Este comunicado fue firmado también por Confapa.
El anuncio se realiza con la intención de que la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, «pueda reaccionar». Los sindicatos enfatizan que «el verano no puede ser una pausa cómoda para quien tiene la responsabilidad de actuar». Por lo tanto, establecen un plazo para la Consejería de Educación para abrir una negociación real y ofrecer compromisos concretos.
Asimismo, han advertido que si al volver a los centros educativos en septiembre «sin respuestas», el profesorado y el personal de atención educativa iniciarán el curso 2026-2027 en huelga indefinida.
UN DETERIORO QUE NO ADMITE MÁS DEMORA
El anuncio del paro se produce ante el «deterioro» de las condiciones laborales del profesorado y para reclamar mejoras salariales, reducción de ratios y menos carga burocrática.
Entre las principales reivindicaciones, CCOO y UGT han denunciado que los docentes madrileños perciben los salarios «más bajos de España» a pesar de que se trata de la comunidad con mayor renta per cápita del país.
Además, han alertado sobre la «masificación» de las aulas y la falta de regulación respecto al número de alumnos con necesidades educativas que deben atender los profesionales de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.
También reclaman la recuperación de las 18 horas lectivas en Secundaria y la reducción a 23 horas en Primaria, medidas que consideran necesarias para mejorar la calidad educativa y favorecer la conciliación laboral.
Otro de los motivos que plantean los sindicatos es el aumento de la carga burocrática, que, según sostienen, «sepulta» al profesorado bajo tareas administrativas que restan tiempo a la atención directa al alumnado y al trabajo pedagógico.
