MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) – El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a acceder a información bancaria de Alberto González Amador, en relación a varias sociedades vinculadas a él y otras personas, dentro de una pieza separada abierta por presunta corrupción en los negocios.
De acuerdo con un auto al que tuvo acceso la ‘Cadena SER’, el magistrado ha ordenado requerir a entidades bancarias información relativa a los movimientos y saldos correspondientes a dichas personas. Se les insta a facilitar esta información de forma directa y reservada, comprendida entre el 1 de enero de 2014 y el momento de la entrega del mismo a la Unidad de Policía Judicial.
En abril pasado, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó un recurso presentado por la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para frenar la investigación de la UCO sobre posibles irregularidades, distintas de los delitos fiscales y de falsedad documental, ya en evaluación.
El foco de la investigación
La atención del caso se centra en la compraventa de la sociedad Círculo de Belleza S.L., adquirida en 2020 por una empresa vinculada a González Amador por cerca de 500.000 euros.
Examen de las cuentas
La resolución del juez responde a una solicitud de los investigadores de la Guardia Civil, quienes pidieron información bancaria, tributaria y de la Seguridad Social. Se considera prioritario comenzar por el examen de las cuentas bancarias, dejando para una fase posterior la posible ampliación de las pesquisas a datos fiscales y laborales.
Según el auto, las diligencias practicadas hasta el momento apuntan de forma «indiciaria y provisional» a la posible existencia de irregularidades respecto a la adquisición de la sociedad por 500.000 euros. El instructor señala que se investiga si la compra pudo haber tenido como finalidad el pago de una comisión a una persona vinculada a Quirón Prevención, a raíz de las relaciones comerciales mantenidas con González Amador.
El magistrado justifica la medida por la necesidad de determinar el origen y evolución patrimonial de los investigados y su entorno, con el fin de verificar la existencia de un incremento patrimonial injustificado y su posible relación con los hechos bajo investigación. Además, considera proporcionada la injerencia en la privacidad financiera dada su fundamentación en una investigación penal concreta y delimitada.
El auto aclara que la decisión judicial no solo debe ser procesalmente pertinente, sino que también debe enmarcarse en un tratamiento de datos que sea legalmente aceptable, orientado a fines de investigación determinados y sujeto a la colaboración de los destinatarios del requerimiento y a normativas de corrección y pertinencia en el uso de la información obtenida.
Finalmente, la pieza separada fue abierta para esclarecer si ciertas operaciones societarias vinculadas a González Amador y a las sociedades Maxwell Cremona y Masterman podrían constituir delitos distintos a los inicialmente investigados. La apertura de esta línea de investigación y la intervención de la UCO fueron posteriormente confirmadas por instancias superiores tras los recursos presentados por la defensa.
