ALICANTE, 18 Ago. – El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, considera que la compra y posterior venta de un ático por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid fue una operación para adquirir una vivienda oficial «a escondidas», utilizando los recursos públicos de forma «dictatorial», al estilo de una «república bananera». Puente cree que esta situación «debería» tener repercusiones en las próximas elecciones autonómicas para la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
En relación a la investigación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), piensa que debe ofrecer más explicaciones, aunque también ve motivos suficientes para que la causa sea anulada, ya que considera que las pruebas que dieron origen a la investigación no se obtuvieron adecuadamente.
En una reciente entrevista, el ministro afirmó que si el Ejecutivo autonómico realmente deseaba comprar una vivienda oficial para Ayuso, debió haberlo hecho con transparencia y no de manera oculta, dado que el motivo oficial de la operación era proporcionar una vivienda para reuniones de trabajo durante las obras en la sede de la Puerta del Sol.
UNA OPERACIÓN «A SU MEDIDA»
Puente también reprochó que esta compra se realizara simultáneamente con la venta de «los dos áticos» en los que reside Ayuso con su pareja y cerca de otro familiar. «Todo a su medida y a escondidas», enfatizó.
«Esto se le ha tratado de ocultar al pueblo y se han utilizado los recursos públicos de una manera bastante despótica», aseveró Puente, quien añade que este asunto debe clarificarse en los juzgados, puesto que se podrían haber empleado «de manera completamente indebida». Se cuestionó cómo se puede hablar del «dictador Sánchez» cuando se manifiestan formas de actuación que a su juicio son más propias de una «república bananera» que de una democracia.
Además, indicó que se espera que, luego del verano, Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, sea juzgada por varios delitos vinculados al software de la Universidad Complutense y la participación de una asesora de Moncloa en actividades privadas.
SI BEGOÑA VA A JUICIO, A VER QUÉ HACE LA JUSTICIA CON ESTO
Puente sugirió que, si el caso de Gómez ha llegado a juicio, este otro asunto también podría tener repercusiones penales. «Si ponemos en la balanza lo que acabamos de conocer sobre la Comunidad de Madrid, veamos qué hace la Justicia con este tema», indicó.
El ministro criticó que hasta ahora no se ha presentado una explicación «mínimamente razonable». Tras la revelación de la operación, Ayuso anunció la venta del ático junto con otros inmuebles, con la intención de destinar los beneficios a los afectados por los recientes incendios en la Sierra Oeste.
Asimismo, reprochó que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se hayan intentado justificar estas acciones mencionando que hay otros ministros y presidentes autonómicos que también tienen viviendas oficiales. «Si ese hubiera sido el debate desde el principio, las cosas habrían sido diferentes», afirmó, reiterando que debió abordarse de manera abierta y no presentarse como una vivienda para uso laboral.
«Eso ahora no es una explicación válida teniendo en cuenta que esto se ha hecho a escondidas, a través de una sociedad mercantil, en términos económicos absolutamente inaceptables», refiriéndose a la cifra de 6.300.000 euros, que «excede la categoría de una vivienda oficial».
Puente concluyó que este caso «debería» costarle a Ayuso las próximas elecciones, ya que no se trata de una controversia aislada, sino que forma parte de «un conjunto de cosas que han ido sucediendo en torno a su vida», aunque se mostró reacio a hacer predicciones.
SI LA CAUSA ES NULA, ZAPATERO SERÍA UNA «VÍCTIMA»
Respecto a la investigación judicial contra Zapatero, Puente considera que existe una gran «sombra de nulidad» por la forma en que se obtuvieron las pruebas que iniciaron la investigación. Aunque evita pronunciarse sobre el caso, reconoció que el exdirigente socialista debe ofrecer explicaciones públicas.
El ministro explicó que este procedimiento se inició a partir de la interceptación de un teléfono en Estados Unidos en un aeropuerto hace seis años, que apareció en España en marzo de este año, dando lugar a un procedimiento judicial contra él. Esta circunstancia, sostuvo, representa un «obstáculo insalvable» y ha decidido no opinar sobre el fondo del asunto.
La prueba inicial, cuya validez aún debe ser determinada, fue la que propició el registro del despacho de Zapatero, donde se hallaron joyas millonarias. Esta situación llevó al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, a abrir una pieza separada sobre la influencia de Zapatero en el rescate público de la aerolínea Plus Ultra.
Puente destacó que es importante aclarar si la intervención telefónica se realizó con la debida autorización judicial. «En mi país y en la Unión Europea, en un marco democrático, esas cosas requieren autorización judicial, no las lleva a cabo la policía en un registro fronterizo», recalcó. Hasta que este asunto no se clarifique, el ministro se niega a emitir una valoración pública.
Si se declarara nula la investigación, Zapatero no sería considerado un «presunto delincuente», sino una «víctima de una operación» que, según Puente, «huele a chamusquina». Además, subrayó que esta prueba aparezca «cinco años después» cuando en España existe un Gobierno que es «bastante incómodo» para los Estados Unidos de Donald Trump.
No obstante, Puente señalará que Zapatero está «en una situación en la que tiene que dar explicaciones públicas», más allá de las ofrecidas en TVE durante el mes de julio.
