MADRID, 29 Ago. – La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha destacado «problemas de equidad» en el sistema de financiación autonómica, que, según indica, son «prácticamente invisibles» para el público general. En su último informe, Fedea señala a Cataluña como la comunidad que más recursos recibió para la gestión de sus competencias singulares, con 450 euros por habitante, en contraposición a los apenas 8 euros ‘per cápita’ que recibió Castilla-La Mancha.
Este informe, redactado por su director, Ángel de la Fuente, alerta sobre las diferencias extremas en la distribución de estos recursos entre las comunidades de régimen común. Según los datos recopilados del ejercicio de 2023, Cataluña lidera esta asignación con un total de 3.563 millones de euros, lo que equivale a un índice de 243,4, casi dos veces y media la media de las comunidades de régimen común, que se sitúa en 185 euros por habitante.
Las comunidades autónomas de Cantabria y La Rioja siguen a Cataluña en la lista, con 320 y 318 euros por habitante, respectivamente. En el extremo opuesto, aparecen las comunidades que han asumido pocas transferencias singulares, como Castilla-La Mancha (8 euros), Castilla y León (9 euros) y Extremadura (11 euros por habitante).
DESIGUALDADES INVISIBLES
El informe también denuncia que la metodología del «coste histórico», que se aplica actualmente, genera «valoraciones muy dispares e incoherentes» para un mismo servicio según el territorio. Estas desigualdades son consideradas «prácticamente invisibles» para la ciudadanía, dado que el Ministerio de Hacienda no publica regularmente los datos detallados.
Fedea ha estimado que el gasto total en competencias singulares para 2023 asciende a 8.319 millones de euros, correspondientes a atribuciones que solo algunas autonomías asumen. La partida más costosa después de la policía autonómica catalana es la destinada al personal de la Administración de Justicia, con 1.765 millones de euros, seguida por la participación provincial en los ingresos del Estado (1.329 millones de euros).
El estudio añade que entre estas partidas también se encuentran los fondos para la normalización lingüística, que ascienden a 813 millones de euros, y el costo de los hospitales provinciales (606 millones de euros) y las instituciones penitenciarias de Cataluña (603 millones de euros).
DIFERENCIAS EN ENSEÑANZA Y JUSTICIA
Fedea proporciona ejemplos de costes dispares por el mismo servicio que son «difícilmente justificables». En la gestión de la Administración de Justicia, que ha sido transferida a diez comunidades autónomas, el costo por habitante varía en un margen de más de 80 puntos de índice, oscilando entre los 81,8 euros de Asturias y los 35,5 euros de Galicia, así como los 37,7 euros de la Comunidad Valenciana.
Una brecha aún mayor se observa en la financiación destinada a los profesores de religión, donde la asignación por alumno en edad escolar muestra desviaciones de más de 150 puntos de índice. En este caso, Asturias recibe 88,7 euros por alumno, frente a los 20 euros de Cataluña y los 29,2 euros de Baleares.
Por último, la valoración de las competencias provinciales presenta diferencias notables, con Madrid valorado en 136 euros per cápita, en comparación con los 367 euros de Extremadura.
