El reinicio de la actividad ordinaria del Parlamento Vasco coincide con un intenso programa de comparecencias ante la Comisión de Vivienda. A partir de septiembre, patronales, sindicatos, expertos, plataformas ciudadanas y representantes institucionales plantearán sus aportaciones a la Proposición de ley de medidas urgentes en materia de vivienda, que fue registrada por el PNV y el PSE-EE.
La primera sesión de comparecencias se celebrará el 8 de septiembre, donde se espera la presencia de varios sindicatos y colectivos como ELA, la Plataforma Stop Desahucios, CCOO, y Kolektibo 47 etxebizitza denontzat, entre otros, además de especialistas en urbanismo y vivienda. Un día después, comparecerán ante la comisión un abogado urbanista de Argilan-ESK, un arquitecto y una representación de EGK-Consejo de la Juventud de Euskadi. Para el 10 de septiembre están programadas las intervenciones de las patronales de la construcción de los tres territorios históricos, así como de otros profesionales del sector.
Agilizar la tramitación
La Proposición de ley de medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo, registrada el 3 de junio, tiene como objetivo flexibilizar la normativa actual y agilizar la tramitación para impulsar la construcción de vivienda. Entre las medidas propuestas, se destaca la reducción de la reserva para la vivienda de protección pública del 75% al 60%, con un mínimo del 55% destinado a vivienda de protección social y el resto al 5% en vivienda de protección tasada.
En Euskadi, se dispone de suelo calificado capaz de albergar más de 160.000 viviendas, de las cuales 75.000 son protegidas. Sin embargo, este suelo no se moviliza debido a diversas condiciones urbanísticas, económicas y ambientales, representando recursos que no cumplen su función social en un contexto de cambios demográficos y económicos acelerados.
Por otro lado, si se aplica un incremento del 10% en la edificabilidad urbanística permitida en las actuaciones priorizadas, este aumento se destinará completamente a la construcción de vivienda de protección pública, manteniendo siempre el porcentaje mínimo del 55% para la vivienda de protección social.
Además, se establecerán medidas para facilitar la implantación de nuevos alojamientos dotacionales en suelos equipamentales y en edificios existentes, incluyendo un régimen sancionador para los incumplimientos relacionados con la declaración de zonas de mercado residencial tensionado. Esto permitirá la localización de alojamientos dotacionales en suelos que el planeamiento califique como equipamiento, sin necesidad de modificar dicha calificación, siempre que se justifique la innecesariedad del equipamiento inicialmente calificado.
Con esta norma, PNV y PSE-EE buscan ampliar la oferta de vivienda, tanto protegida como de precio libre, a un precio más asequible. Se prevén medidas para movilizar suelo, como la creación de una reserva estratégica o la flexibilización de los porcentajes que los ayuntamientos pueden destinar a distintos tipos de vivienda que se vayan a construir. Asimismo, se aligerarán los procedimientos administrativos para construir más rápido, estableciendo plazos más cortos que podrían reducir hasta en ocho meses el tiempo de tramitación.
