La Comunidad de Madrid se encuentra en el centro de la controversia política por el reparto de menores migrantes entre las diversas comunidades autónomas. Este conflicto ha cobrado especial relevancia en el inicio del curso político, a medida que se intensifican las tensiones entre el Gobierno central, liderado por Pedro Sánchez, y la administración de Isabel Díaz Ayuso en Madrid.
La discordia se ha avivado tras la aprobación, el pasado martes, de un real decreto que establece la capacidad de acogida de cada comunidad y autoriza la declaración de contingencia migratoria en aquellas regiones que superen su capacidad de atención. Como respuesta, el Gobierno de Madrid ha presentado un tercer recurso judicial ante el Tribunal Supremo, sumándose a los recursos ya interpuestos ante el Supremo y el Tribunal Constitucional por cuestiones similares en el pasado.
Este real decreto fija la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad, siendo Andalucía (2.827 plazas), Cataluña (2.650) y la Comunidad de Madrid (2.325) las que cuentan con mayor capacidad. Establece, además, que cuando una comunidad alcance una situación de contingencia migratoria extraordinaria, es decir, cuando triplique su capacidad ordinaria de acogida, podrá solicitar la redistribución de menores entre el resto del territorio.
El Gobierno central ha determinado cuántos menores migrantes debe acoger cada comunidad, basándose en criterios como la población, la riqueza y el esfuerzo de acogida realizado en años anteriores. Por ejemplo, Andalucía deberá acoger a 677 menores, la Comunidad de Madrid a 647 y la Comunidad Valenciana, a 571. El País Vasco y Cataluña, por su parte, no están incluidos en este reparto, aunque Cataluña ha anunciado que aceptará a 31 menores de manera voluntaria.
Diferencias en el reparto entre comunidades
Desde la Comunidad de Madrid, esta distribución ha sido calificada de «opaca, discriminatoria y arbitraria», argumentando que conduce a la desigualdad entre comunidades autónomas y vulnera los principios de solidaridad y lealtad interadministrativa. Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, ha manifestado su descontento con esta política.
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, también se ha expresado en contra de este modelo, argumentando que se está colaborando con independentistas para excluir a ciertas comunidades del reparto. En respuesta, la ministra de Sanidad y líder regional de Más Madrid, Mónica García, ha defendido que Cataluña y el País Vasco poseen una capacidad de acogida superior a lo que se les asigna.
García ha declarado que resulta sorprendente que la comunidad más rica de España no pueda acoger a unos cientos de niños, mientras que otros argumentan que la saturación de centros en Madrid gira en torno al 130% – 150%.
La Comunidad argumenta que los centros están «saturados»
El Gobierno de Ayuso ha argumentado que los centros están saturados y ha denunciado la crisis migratoria que se vive desde hace dos años. Según las cifras proporcionadas por la Consejería de Asuntos Sociales, la red de protección de la Comunidad de Madrid asistió a 2.442 menores migrantes no acompañados en 2024 y a 1.331 hasta el 31 de julio de 2025.
Recursos judiciales
Más allá de la inequidad en el reparto y la saturación de los centros, el Gobierno regional considera que el sistema de distribución es ilegal. El primer recurso se presentó en el Tribunal Constitucional en marzo, en conjunto con otras diez comunidades, debido a que el decreto invade competencias exclusivas sobre protección de menores. Un segundo recurso se presentó de forma individual el 30 de julio ante el Supremo contra una normativa relacionada con medidas de contingencia migratoria. Un tercer recurso se prevé presentarse en los próximos días.
Ante la pregunta de si la Comunidad de Madrid se negará a aceptar menores migrantes en caso de que se inicien las derivaciones, la consejera de Asuntos Sociales ha asegurado que su Gobierno cumple la ley, aunque ha señalado la importancia de mantener la prudencia hasta que se resuelva el asunto en los tribunales.
