El 4 de septiembre de 2025, durante un acto en Zaragoza, la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, afirmó que el Gobierno de Aragón está preparado para atender a los menores migrantes, a pesar de que ha criticado al Ejecutivo central por la falta de información. Según Susín, el Gobierno aragonés cumple con sus competencias y trabaja en la creación de plazas que garanticen la dignidad y calidad del sistema de protección infantil.
“No tenemos absolutamente ninguna información y no sabemos a cuántos menores tenemos que atender, ni cuándo, ni con qué características”, lamentó la consejera. Hasta el momento, no se ha activado ninguna plaza para acoger a estos menores, aunque el sistema de protección de Aragón ya cuenta con 104 plazas que están sobrepasadas. Susín añadió que han estado trabajando durante el verano para ampliar estas plazas, enfrentándose a diversas dificultades.
“Estamos trabajando con las entidades sociales para crear sistemas en un escenario absolutamente incierto, porque no sabemos si son menores de 14, 15 o 17 años. También estamos buscando recursos físicos, que no están siendo nada fáciles de encontrar”, destacó la consejera, quien remarcó que el Gobierno de Aragón cumplirá con la ley que exige garantías para el sistema de protección a la infancia.
Críticas al Gobierno de España
Susín consideró la actitud del Gobierno central como “absolutamente irresponsable”, ya que no está proporcionando la información necesaria a las comunidades autónomas. “Es muy complicado trabajar a ciegas en la búsqueda de espacios dignos y profesionales capacitados para atender a estos menores”, indicó.
En otro punto, Susín recordó la oposición del Gobierno de Aragón al reparto de menores migrantes no acompañados, al considerar que el real decreto que detalla la capacidad de acogida es “inconstitucional” e “invade competencias autonómicas”. La consejera criticó que, en lugar de negociar, el Gobierno de España ha intentado imponer medidas que no responden al interés general de los menores, sino a intereses políticos.
“No hay nada más racista ni xenófobo que ceder a los chantajes de los partidos independentistas que no quieren menores migrantes en sus comunidades”, declaró Susín, quien también aseguró que el Ejecutivo aragonés recurrirá todos los actos normativos relacionados con el citado real decreto ante el Tribunal Constitucional.
Finalizó su intervención afirmando que el Gobierno de Aragón no es “insumiso”, sino que trabaja dentro del marco del Estado de Derecho y cumple con las leyes, un enfoque que ha sido constante en su gestión.
