El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha considerado «muy prematuro» llevar al pleno del Congreso de la próxima semana la votación de las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de reducción de la jornada laboral. En declaraciones realizadas desde Girona, Álvarez afirmó que realizar esta votación tan pronto, apenas tras el periodo de vacaciones, es sorpresivo.
«Hacerlo también con una cierta nocturnidad y alevosía, porque nadie pensaba que se iba a ir al pleno del Congreso de los Diputados en el primero o el segundo después del periodo de vacaciones, a mí me parece que es muy prematuro», señaló Álvarez.
El secretario general manifestó su deseo de que este tema no «pase sin pena ni gloria», indicando que preferirían haberlo llevado a votación en junio o julio, lo que habría aumentado las posibilidades de movilización por parte de los sindicatos en ese momento.
Álvarez expresó su preocupación de que la CEOE, la organización que representa a las empresas, no haya negociado adecuadamente y que busque «amarrar apoyos para que no se apruebe» la ley de reducción de la jornada laboral. Añadió que no hay nada cerrado con los grupos parlamentarios y mencionó que «hay un grupo político que podría dar la mayoría», en referencia velada a Junts, pero que depende de todos los diputados de la Cámara para que la propuesta pueda salir adelante.
«Les llamo a ellos personalmente como diputados a que analicen la situación, porque al fin y al cabo cuando pasen por un supermercado y la cajera les pregunte, van a tener que explicarlo», defendió. Hizo un llamado a ir más allá de la disciplina de voto y de las estrategias de desgaste del Gobierno, subrayando que quienes sufren son «los trabajadores y las trabajadoras de este país que van a tener que trabajar dos horas y media más a la semana».
AÑO JUDICIAL
Al ser preguntado sobre la polémica en torno a la apertura del Año Judicial, Álvarez opinó que la ausencia del Partido Popular (PP) responde a una «escenificación permanente» y a la politización de la justicia. Afirmó que el caso que afecta al fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, es un proceso político.
“Evidentemente, es un proceso político y, por tanto, creo que en ese contexto lo que hay que hacer es respetar las instituciones, y respetar las instituciones cuando nos va bien o cuando no nos va bien», sostuvo.
VIVIENDA
En relación con el aumento del precio de compra de la vivienda libre, Álvarez resaltó que «todo lo que tiene que ver con la vivienda es un drama», instando a las administraciones a actuar, aunque reconoció que no hay soluciones mágicas para este problema.
«Este es un tema que hay que abordar. Lo tienen que abordar las comunidades autónomas, lo tienen que abordar los ayuntamientos, y no hay soluciones mágicas. No se arregla liberalizando suelos, se arregla construyendo vivienda protegida de alquiler para los trabajadores», concluyó.
