La Audiencia Nacional (AN) ha comenzado el juicio este lunes contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo y su socio Rafael Redondo, en un caso relacionado con el ‘proyecto Saving’. Este encargo investigó posibles irregularidades en el concurso de acreedores de la constructora Martinsa-Fadesa, presidida por Fernando Martín, en un momento crítico para la empresa.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de 23 años y 6 meses de prisión para Villarejo y 18 años y 9 meses para Redondo. Las acusaciones incluyen delitos de cohecho pasivo, descubrimiento y revelación de secretos, así como falsedad en documento mercantil. Junto con las penas de prisión, se exige una indemnización de 5.000 euros para cada persona espiada, en la que la Administración General del Estado sería responsable civil subsidiaria. Además, se propone el decomiso de 500.000 euros que José Moya pagó al Grupo CENYT por los servicios indebidos.
El comisario «en activo»
Los fiscales detallan que en julio de 2011, Moya buscó a Villarejo, quien se encontraba activo como comisario del Cuerpo Nacional de Policía, para resolver un conflicto relacionado con una gran inversión en acciones de Martinsa-Fadesa, que ascendía a más de 100 millones de euros y representaba el 5% de la compañía. Moya había firmado un contrato de opción de venta que le permitiría recuperar su inversión, pero el concurso de Martinsa-Fadesa declarado en julio de 2008 impidió que esta opción fuese efectiva
Fue en este escenario de conflicto que Moya contrató a Villarejo, sospechando de irregularidades en el procedimiento concursal que podrían ser útiles en las negociaciones para recuperar su inversión. Villarejo aceptó el encargo a través del Grupo CENYT, un entramado societario del que era titular real.
Desarrollo del ‘Saving’
El proyecto de la Fiscalía abarcó la obtención de información sobre diversas personas involucradas en el procedimiento concursal de Martinsa-Fadesa. Se realizaron investigaciones sobre los tratos de Moya, incluyendo a directivos de Ahorro Corporación, quienes eran objeto de sospecha por posible connivencia con Fernando Martín, lo que podría haber perjudicado a Moya.
Durante estas indagaciones, Villarejo y Redondo lograron acceder a los tráficos de llamadas de varios individuos, incluyendo a los directivos de Ahorro Corporación, permitiéndoles conocer con quién habían estado en contacto durante días clave para la investigación.
El fiscal subraya que Moya realizó pagos a CENYT por un total de 501.500 euros a través de transferencias que fueron justificadas con facturas manipuladas, ocultando la verdadera naturaleza de esos servicios. La Fiscalía ha solicitado el archivo de la causa respecto al exsenador socialista Francisco Rodríguez Martín y ha advertido sobre la extinción de responsabilidad penal para Moya debido a su fallecimiento en enero de 2021.
