El Govern balear ha solicitado al Ejecutivo central la modificación de la normativa relacionada con el reparto de menores extranjeros no acompañados, con el objetivo de declarar la contingencia migratoria en Baleares, tal como se ha hecho en Canarias, Ceuta y Melilla. El portavoz del Govern, Antoni Costa, expresó esta necesidad en una rueda de prensa tras la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.
Costa, quien también es vicepresidente primero del Govern, enfatizó que la intención no es desviar a ninguno de los 694 menores que están actualmente tutelados por los consells insulares, sino evitar la llegada de menores de otras comunidades autónomas. Aunque la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, había mencionado anteriormente que la petición de contingencia no se ajustaba a los decretos del Gobierno, Costa confirmó que efectivamente se siguieron los procedimientos establecidos.
«La pedimos amparándonos en la normativa existente. Y el resultado, la respuesta del Ministerio de Infancia y Juventud, ha sido denegarla», expuso. A pesar de saber que no cumplían los requisitos establecidos por el Ejecutivo central, que exige triplicar la capacidad ordinaria de acogida, el Govern decidió solicitar la contingencia. «Porque los criterios se han fijado de forma unilateral por parte del Gobierno de España», se quejó Costa. La capacidad ordinaria de acogida de Baleares es de 406, pero se debería tutelar a 1.218 menores. En la actualidad, el archipiélago acoge a 694, con tan solo 72 plazas específicas disponibles.
«Estamos haciendo un esfuerzo enorme, estamos en una situación dramática. Los centros de saturación están en un nivel de saturación dramático, no podemos aceptar unilateralmente que el Gobierno fije el criterio que le dé la gana y después diga que deniega la contingencia», defendió Costa. Ante esta situación, instó al Gobierno central a que modifique los reales decretos que regulan el reparto de estos menores. «El mismo que ha aprobado los decretos puede modificarlos, ¿o no? Es más, instamos a que lo haga, a que se sitúe en la realidad de los hechos», subrayó.
LA VÍA JUDICIAL Y LA VÍA POLÍTICA
Cuestionado al respecto, Costa recordó que el Govern tiene abiertos varios procedimientos judiciales para frenar el reparto de menores extranjeros no acompañados. Dos recursos han sido ya admitidos a trámite; uno ante el Tribunal Constitucional sobre la modificación de la ley de extranjería y otro ante el Tribunal Supremo relativo al real decreto que establece el procedimiento de derivación de menores. En paralelo, se solicitó la contingencia migratoria cuya denegación será recurrida ante la Audiencia Nacional, así lo anunció el Ejecutivo autonómico.
Los servicios jurídicos del Govern están trabajando en un nuevo recurso contra el real decreto que establece la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad autónoma. «Continuamos con lo que dijimos que haríamos, recurrir a todas las vías legales para parar un reparto de menores y una política migratoria que consideramos profundamente perjudicial para los intereses de los ciudadanos de Baleares», concluyó.
Por otro lado, el portavoz lamentó que los intentos de comunicación del Govern con el Gobierno central no han dado resultado. El pasado 25 de agosto, la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, envió una carta a la ministra de Infancia y Juventud, que hasta el momento no ha recibido respuesta. Lo mismo ocurrió con otra carta enviada al secretario de Estado de Infancia y Juventud, Rubén Pérez. Costa reprochó que «el Gobierno es poco dado a establecer ningún tipo de relación con el Govern. Es la conducta habitual de los ministerios, la respuesta que tenemos es la nada».
El Ejecutivo autonómico tiene dos expectativas al dirigirse al Gobierno central: que se comprenda «la problemática real que sufre Baleares» y que «actúe de una vez por todas». No obstante, Costa expresó la sensación de que el Gobierno, concretamente el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «se ríe» del Govern. Costa criticó que la respuesta de Marlaska a una pregunta del diputado del PP en el Congreso, José Vicente Marí Bosó, sobre la crisis migratoria en Baleares, fue «obviar totalmente» al archipiélago. «Es realmente insultante. La pregunta es: ¿el ministro Marlaska se ríe de nosotros? ¿Pretende reírse de nosotros?», se cuestionó Costa.
