MÉRIDA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) – El PSOE de Extremadura está estudiando «todas las opciones legales» para llevar a los tribunales el «caos sin precedentes» en el transporte escolar al inicio del curso, con más de 200 rutas sin cubrir y 5.000 alumnos afectados en la comunidad, quienes ven vulnerado su derecho constitucional a la educación.
Opciones legales y derechos vulnerados
«Estamos estudiando todas las opciones legales para que la presidenta de la Junta de Extremadura restituya de manera inmediata un derecho básico, el del artículo 27 de la Constitución española», ha señalado Francisco Javier Amaya, secretario de Educación y Formación Profesional del PSOE de Extremadura, en una rueda de prensa en Mérida.
Amaya ha manifestado que si sus servicios jurídicos determinan que se está vulnerando el derecho a la educación, que también afecta al derecho a la conciliación familiar, el PSOE denunciaría la situación. Además, ha exigido a la Administración regional que implemente «todas las medidas y tipos de contratos válidos» para resolver este problema.
Ayudas necesarias para las familias
Asimismo, ha solicitado que se articule «sin demora» una serie de ayudas «directas y suficientes» para las familias que, además de afrontar el inicio escolar, tendrán que lidiar con esta «situación sobrevenida».
«Hoy, por segundo día consecutivo, más de 200 rutas escolares y más de 5.000 alumnos se han quedado en sus casas, vulnerando así un artículo constitucional fundamental», ha añadido Amaya, quien ha expresado su solidaridad con las familias afectadas, subrayando que «no hay motivo que justifique este inicio de curso más allá de la incompetencia de un gobierno».
Demandas al gobierno regional
Amaya ha enfatizado que el llamado debe dirigirse al gobierno regional, que tiene la competencia para solventar la situación, y ha exigido que «se llegue a una solución para restituir un servicio esencial, que garantiza el acceso a un derecho básico al que tienen derecho todos los españoles y, por ende, todos los extremeños».
Los socialistas han reiterado también su demanda de dimisión de la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, acusando a la presidenta de la Junta de ser la máxima responsable de esta «crisis educativa» que, según afirman, es sin precedentes en los 25 años de competencias autonómicas.
