La situación en Canarias ha tomado un nuevo rumbo tras la aprobación del dictamen de la ley de volcanes por parte de la comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia del Parlamento de Canarias. Este avance, realizado el 19 de septiembre de 2025, se logró con el consenso de todos los grupos y cuenta con el respaldo de más de 19.000 firmas, aquellas que apoyaron la iniciativa ciudadana que llevó la propuesta ante la Cámara.
La ley, cuya aprobación definitiva está prevista para el próximo miércoles, introduce un efecto retroactivo que blinda derechos económicos y sociales, garantizando la compensación a precio de los bienes perdidos y el acceso a viviendas dignas para quienes las han perdido debido a erupciones volcánicas.
Jesús Ramos, representante del grupo ASG, subrayó el carácter «pionero» de esta nueva normativa y su esencia como respuesta a las necesidades surgidas de la población tras la crisis volcánica en La Palma. Ramos afirmó que esta ley permitirá agilizar los procesos en futuras emergencias volcánicas, aliviando las «trabas» que enfrentaron los afectados en el pasado.
La ley también busca reconocer los derechos de los afectados, ya sea a través de la reconstrucción de sus hogares o mediante su realojo, así como la recuperación de sectores productivos y la protección social y sanitaria. Además, se plantea aumentar la seguridad jurídica y fortalecer la cohesión social, asegurando la coordinación entre distintas instituciones.
Por su parte, Javier Nieto, de Vox, resaltó la importancia de esta ley para corregir los errores que se cometieron en la gestión de la crisis. Cuatro años después de la erupción, los palmeros siguen enfrentando dificultades, y abogó porque la ley sirva como garantía de que estos problemas no se repitan.
Sin embargo, Nieto también criticó que los ayuntamientos, siendo la administración más cercana a los ciudadanos, quedaran «ausentes» en la redacción de la ley. Además, expresó su preocupación al señalar que la nueva ley carece de una ficha financiera, temiendo que esto la convierta en una mera declaración de intenciones.
Luis Campos, portavoz de NC-bc, indicó que dado que se prevén más erupciones en Canarias, es fundamental establecer una normativa sólida que permita a la isla estar «preparada». Añadió que el enfoque de esta ley es amplio, abarcando no solo cuestiones económicas, sino también sociales, sanitarias y medioambientales. Además, instó a las compañías de seguros a informar a los propietarios sobre los riesgos de tener propiedades en zonas volcánicas.
La erupción de La Palma, “sin manual”
Raquel Díaz, del PP, elogió la «altitud de miras» de todos los grupos políticos en la elaboración de esta ley, la cual busca mejorar la gestión de emergencias, recordando la experiencia de 2021 cuando la erupción de La Palma se presentó sin aviso previo, desafiando a todas las instituciones involucradas en la emergencia, que se saldó afortunadamente sin víctimas.
Jonathan Felipe, de CC, consideró que esta ley es un ejemplo de «política útil», impulsada por la iniciativa popular y con un enfoque empático hacia los palmeros afectados. Destacó la necesidad de seguir avanzando tras la crisis, ya que «quedan muchísimas cosas por hacer» y muchos afectados que requieren compensación.
Alicia Vanostende, del PSOE, hizo un llamado para transformar «la pena» que suscita recordar la erupción de hace cuatro años en un impulso hacia el futuro, poniendo en valor la colaboración entre los diferentes grupos para la redacción de la nueva ley. Enfatizó que se trata de un paso necesario para reconocer que Canarias es un territorio volcánico y que esta legislación surge del aprendizaje adquirido tras las dificultades enfrentadas.
