El Parlamento de Canarias ha decidido, a través de su comisión de investigación, responsabilizar desde el punto de vista político al expresidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, así como a los exconsejeros de Sanidad, Julio Pérez y Blas Trujillo, por la gestión de contratos durante la pandemia de covid-19, que sumaron un monto cercano a los 100 millones de euros.
La Cámara considera «lógico» que aquellos miembros del Gobierno que se han elogiado por los resultados de las decisiones adoptadas en torno a la pandemia también asuman la responsabilidad por los aspectos que no funcionaron en dicho proceso. Este argumento se funda en un informe del catedrático de Derecho Constitucional Joaquín García Morillo, que sostiene que, aunque un subordinado cometa un delito, su superior puede ser políticamente responsable.
El informe hace referencia a las afirmaciones de la exconsejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval, quien expresó que, de haber estado en una posición de decisión similar, también habría asumido la responsabilidad por los errores cometidos por sus subordinados. La comisión señala que tanto Torres como Trujillo son responsables del nombramiento de Conrado Domínguez al frente del Servicio Canario de Salud (SCS), quien actuó con plenos poderes en materia de contratación, y subraya que su destitución no elimina la responsabilidad política que les corresponde.
En cuanto a Julio Pérez, que asumió el puesto de consejero de Sanidad de manera interina, la comisión critica su decisión de permitir la operación de Domínguez en las instalaciones del SCS, a pesar de que no había sido nombrado formalmente director y ocupaba otro cargo. Asimismo, respecto a la exdirectora de Recursos Económicos, Ana María Pérez, se indica que no es creíble que la totalidad de las decisiones de contratación, por un valor total que ronda los 100 millones de euros, fueran de su exclusiva responsabilidad, sin supervisión ni aprobación de sus superiores.
Diferencias en los precios del material sanitario
Además, la comisión cuestiona las discrepancias detectadas en los precios de las compras de material sanitario, que variaron en más de 7 euros dependiendo del proveedor, centrándose en el caso de RR7 United, una empresa que se dedica al movimiento de automóviles. Esta compañía recibió un pago de 4 millones de euros, realizado en dos tranferencias de 2 millones cada una, a cambio de un millón de mascarillas que nunca fueron entregadas.
El informe menciona que hubo una gestión imprudente, carente de las garantías administrativas necesarias, con consecuencias financieras tanto para la Hacienda Canaria como para la salud pública, dado que finalmente no se logró obtener el material sanitario por el cual ya se había desembolsado el dinero. A pesar de los alegatos de urgencia, la falta de los mecanismos de verificación más básicos y la autorización de pagos indebidos reflejan una alarmante falta de control de Ana María Pérez y de sus superiores, quienes permitieron dicha situación.
Ante el futuro, la comisión sugiere reformar el artículo 120 de la ley de contratos públicos para fortalecer los controles legales en situaciones de emergencia, así como crear unidades de crisis, establecer registros preventivos de empresas y desarrollar una plataforma para el seguimiento de contratos en tiempo real.
