LOGROÑO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) – La concejala de Vox, Maite Arnedo, ha denunciado ante la Fiscalía al Ayuntamiento de Calahorra por presunta «prevaricación» debido a la falta de acción ante una reclamación que, según ella, no se trata de un simple descuido administrativo, sino de una «decisión deliberada» derivada de un «pacto».
La denuncia, según información proporcionada por Vox en una nota de prensa, hace referencia a un decreto aprobado por el Ayuntamiento de Calahorra que ordenaba expresamente la reclamación judicial de una deuda superior a 23.000 euros, correspondiente a los servicios prestados en la Residencia Municipal San Lázaro. Sin embargo, las acciones legales no se ejercitaron en el plazo correspondiente, lo que compromete la recuperación de ese dinero que, según Arnedo, «pertenece a todos los calagurritanos».
Lejos de tratarse de un error, Vox señala que «todo apunta a un pacto oculto entre responsables políticos y técnicos municipales, encaminado a frenar la reclamación para proteger intereses particulares y asegurar apoyos políticos en votaciones clave del Pleno».
Esta situación, a juicio de Vox, podría clasificarse claramente como un caso de prevaricación por omisión deliberada de obligaciones legales. Arnedo ha comentado que «es indignante que a cualquier ciudadano no se le escape ni una tasa de basuras o un recibo de agua sin reclamar, pero cuando la deuda viene de un concejal parece que al Ayuntamiento se le olvida».
Además, la denuncia revela «las enormes dificultades» que ha encontrado la oposición para acceder a la documentación relacionada con el expediente. Según indica Vox, durante meses se han sucedido dilaciones, negativas y bloqueos injustificados, que solo se resolvieron tras varias reclamaciones, poniendo de manifiesto la opacidad del actual equipo de gobierno.
VOX también ha subrayado que este comportamiento no solo vulnera el derecho de acceso a la información de los concejales, sino que constituye una estrategia consciente para ocultar a la ciudadanía una gestión irregular que perjudica al patrimonio municipal.
Por ello, reclama a la Fiscalía que depure responsabilidades, tanto políticas como técnicas, y que determine si la inacción del Ayuntamiento constituye un delito de prevaricación u otros ilícitos penales.
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