El texto inicial de la nueva ley del taxi de Catalunya ha sido registrado este jueves en el Parlament, marcando el inicio de su tramitación parlamentaria con la expectativa de que entre en vigor en 2026. Este proyecto de ley, que formalmente se denomina ley de transporte de personas en vehículos de hasta 9 plazas, ha sido promovido por los grupos parlamentarios PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP.
La nueva normativa tiene como objetivo principal ordenar el sector del transporte y definir las funciones de cada tipo de servicio, incluyendo taxis, vehículos de transporte con conductor (VTC), limusinas y una nueva categoría denominada vehículos de Alta Disposición, que cumplen funciones similares a los VTC tradicionales. Esta nueva regulación otorga mayor relevancia al taxi, considerándolo un servicio esencial que complementa el transporte público. Los taxis estarán sujetos a un régimen tarifario oficial establecido por las administraciones competentes, y tendrán la obligación de aceptar todos los servicios a menos que haya justificación válida para rechazarlo.
Por otro lado, la normativa traerá consigo la eliminación gradual de los VTC, ya que no se renovarán las licencias que vayan caducando, y solo se concederán permisos temporales si los taxistas no pueden atender la demanda de los usuarios.
Cinco grupos políticos apoyan la iniciativa
Los diputados que han presentado la ley, José Ignacio Aparicio (PSC), Salvador Vergés (Junts), Jordi Albert i Caballero (ERC), Lluís Mijoler (Comuns) y Laure Vega (CUP), han expresado en una rueda de prensa su satisfacción por la unión de los cinco grupos para registrar esta legislación, que consideran de «interés general». Aparicio ha destacado la creación de un sistema informático que permitirá un mejor control del sector.
Vergés, de Junts, ha mencionado que hay ciertos puntos del texto que no son del todo claros, y ha señalado la necesidad de negociar desde dentro con el fin de brindar seguridad jurídica a los trabajadores de VTC. Por su parte, Albert ha enfatizado que ERC se siente «padre» de esta normativa, recordando que el proceso comenzó en la anterior legislatura. Mijoler ha subrayado que se trata de una regulación crítica para las áreas rurales, donde a menudo la única alternativa al vehículo privado es el taxi. Finalmente, Vega celebró que la ley apoye la lucha de los taxistas y actúe como un mecanismo para contrarrestar la economía de plataformas que, en ciertas circunstancias, no respetan los derechos laborales.
Perspectiva de los taxistas
Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi, también participó en la rueda de prensa y calificó la ley de «pionera en todo el mundo». Resaltó que la norma se ha consolidado gracias a las movilizaciones constantes de los taxistas y al diálogo con los grupos parlamentarios. Álvarez aboga por que los conductores de VTC se integren como taxistas y trabajen bajo las mismas regulaciones en un sector más digno y seguro que respete las condiciones laborales.
En contraste, Álvarez criticó la ausencia de PP, Vox y Alianza Catalana en el registro de la ley, afirmando que estos partidos son enemigos del taxi. Al respecto, hizo referencia a las políticas del gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, describiendo el ambiente allí como una «selva».
Debate sobre el nivel mínimo de catalán
A pesar del consenso generalizado sobre la normativa, uno de los puntos de discrepancia se refiere al requisito de que los nuevos conductores deben acreditar un nivel B1 de catalán. Tanto Junts como ERC plantean que este nivel se eleve a B2 mediante enmiendas parlamentarias. Mijoler (Comuns) argumenta que lo importante no es el nivel, sino contar con los recursos adecuados para implementar la normativa, mientras que Aparicio (PSC) sostiene que un nivel B1 es suficiente para asegurar un servicio adecuado.
Tras su registro, la ley deberá ser tramitada por la mesa, superar el debate a la totalidad del Parlament y ser discutida en la comisión de Territorio antes de su aprobación definitiva en el pleno.
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