El Gobierno ha decidido interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra los presupuestos autonómicos de Canarias del año 2025. Esta decisión fue anunciada durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por el titular del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien explicó que las discrepancias se centran en dos preceptos: la inversión en puertos deportivos y las condiciones del Servicio Canario de Salud.
El conflicto surge específicamente con la disposición final cuarta de los presupuestos, la cual establece que el puesto de gerente del Servicio General de la Salud puede compatibilizarse con ingresos del sector privado, tanto en trabajos por cuenta ajena como propia. Torres argumentó que esta medida violaría la ley de presupuestos del año 2023 y contradice también las regulaciones básicas del Estado.
En sus declaraciones, el ministro recalcó que ha existido un avance en las negociaciones con el Gobierno canario, presidido por Fernando Clavijo, aunque todavía hay puntos de desacuerdo. Tras solicitar un dictamen al Consejo de Estado, el recurso fue elevado al TC debido a la falta de acuerdo.
Además, el Gobierno ha rechazado la disposición final octava que estipula que la inversión en puertos deportivos debe ser «no menos del 20%». Según Torres, la normativa estatal en vigor requiere que esta cifra supere el 50%. Otra de las preocupaciones mencionadas es el plazo para realizar estas inversiones, ya que la normativa estatal exige que se efectúen en un periodo de seis meses, mientras que en la ley de presupuestos de Canarias se extiende a un rango de entre cuatro a seis años.
El ministro concluyó que será el Tribunal Constitucional, a la luz de los informes disponibles, quien resolverá la controversia surgida de estos desacuerdos en los presupuestos canarios. Previamente, el 18 de septiembre, él mismo había avanzado que este recurso sería presentado.
