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El Gobierno ha contenido el tono en su primera respuesta tras la interceptación por parte de Israel de la Global Sumud Flotilla, que transportaba ayuda para Gaza y en la que viajaban más de 50 españoles. El Ejecutivo ha decidido no valorar la acción del gobierno de Benjamin Netanyahu y ha aplazado su respuesta hasta que se logre liberar a los detenidos.
Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, han dejado claro que lo «urgente» en este momento es garantizar que se respete la «integridad física y los derechos» de los españoles «retenidos». Luego habrá tiempo para analizar lo sucedido y emprender acciones.
Desde Copenhague, donde participó en la cumbre de la Comunidad Política Europea, Sánchez afirmó: «Lo más importante es la seguridad de nuestros compatriotas y que puedan regresar pronto a casa». No quiso pronunciarse si la acción del ejército israelí fue ilegal al producirse en aguas internacionales.
Albares también precisó que el Gobierno está analizando lo sucedido y que su prioridad es garantizar protección diplomática y consular a los españoles que iban a bordo de la flotilla. Admitió que habrá un momento para tomar decisiones, pero que no es amigo de la inacción ni de la precipitación.
Evitan la crítica directa
Hasta el momento, tanto Sánchez como Albares han evitado criticar directamente la acción del Gobierno de Netanyahu. No obstante, ya hubo una primera respuesta, convocando a la encargada de negocios israelí, Dana Erlich, para exigir la liberación inmediata de los «retenidos», subrayando que se trata de «ciudadanos pacíficos» que no representan ninguna amenaza.
El Gobierno se muestra prudente, a la espera de aclarar la situación de los españoles que iban a bordo. Albares indicó que el Ministerio contaba con 65 españoles, mientras que la organización involucrada sitúa esa cifra en torno al medio centenar.
Por ahora, en el Ministerio de Asuntos Exteriores no tienen información precisa sobre el número de detenidos y su ubicación. Algunos participantes en la flotilla han denunciado que las autoridades migratorias ya han comenzado las vistas para su deportación sin la presencia de un consejero legal.
La intervención de la flotilla también ha evidenciado desacuerdos internos en la coalición del Gobierno. Los ministros de Sumar han cuestionado la actuación del Ejecutivo, que envió el buque de salvamento ‘Furor’ con el propósito de ayudar y rescatar, sin escoltar a los barcos, que incluían varios de bandera española.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció que el buque ‘Furor’ permanecerá en la zona hasta que los activistas de la flotilla interceptada por Israel sean liberados y regresen a sus países de origen.
Sumar critica la «tibieza»
En contraste con el tono medido de Sánchez y Albares, Sumar, socio menor del Gobierno de coalición, ha elevado el tono contra Netanyahu y denunciado la «tibieza» del PSOE en su respuesta a la interceptación de la flotilla. La vicepresidenta segunda de Sumar, Yolanda Díaz, ha exigido un mayor firmeza y alzar la voz contra Israel y el «gobierno criminal» de Netanyahu, admitiendo diferencias con los socialistas sobre las medidas a tomar respecto a la situación en Gaza.
Díaz subrayó además las diferencias sobre el plan de paz para Gaza impulsado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que el PSOE ha respaldado, pero que Sumar rechaza. También propuso romper relaciones diplomáticas con Israel y que las empresas españolas terminen sus vínculos comerciales con dicho país.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, criticó con vehemencia la intervención de las tropas israelíes, calificándola de «piratería». Ha requerido que la Fiscalía actúe de oficio para defender los derechos de los ciudadanos españoles involucrados.
Desde Izquierda Unida, Enrique Santiago, portavoz parlamentario y diputado de Sumar, afirmó que los activistas detenidos son «rehenes» de un secuestro por parte de Tel Aviv. Mientras que Podemos ha pedido al Gobierno de Sánchez que denuncie a Israel ante la Corte Penal Internacional por el «secuestro ilegal» que representa la intervención israelí sobre las embarcaciones que se dirigían a Gaza, calificando el hecho como un crimen de guerra y «terrorismo de Estado».
La lideresa de Podemos, Ione Belarra, también criticó al Gobierno por movilizar el buque ‘Furor’ sin brindar la esperada escolta a las embarcaciones.
