La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado la investigación sobre si el Gobierno central convocó al Consejo de Seguridad Nacional en relación con la grave dana que afectó a la región el pasado 29 de octubre. Esta situación dejó un trágico saldo de 229 víctimas mortales además de cuantiosos daños materiales. La Audiencia ha subrayado la competencia del Consell en materia de protección civil, lo que define el marco de responsabilidad de las autoridades locales frente a las emergencias.
Contexto de la decisión judicial
La decisión se basa en la resolución que desestima un recurso de apelación interpuesto por Vox, que actuó como acusación popular en el caso. Vox solicitaba que se emitiera un oficio dirigido a Presidencia del Gobierno y al Consejo de Seguridad Nacional para confirmar si el presidente Pedro Sánchez había convocado al Consejo y, en caso afirmativo, obtener comunicaciones y dictámenes relevantes que se hubieran generado al respecto.
Análisis de la juez
El auto de rechazo, fechado el 16 de abril de 2025, argumenta que el análisis de la actuación del Gobierno en cuestiones de seguridad nacional no tiene un nexo causal directo con los fallecimientos y las lesiones provocadas por la dana. La juez también enfatizó que, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, la Generalitat posee competencias exclusivas en materia de protección civil. En este sentido, corresponde a la Conselleria pertinente ejercer la dirección única durante una emergencia y gestionar los planes de protección civil de forma integral.
Reacción a la resolución
La resolución ha sido firme, y el tribunal ha observado que los recurrentes no han justificado adecuadamente la utilidad de la investigación solicitada para el esclarecimiento de los hechos. Se destaca que el Estatuto de Autonomía otorga al Consell la coordinación en protección civil, sin que se le atribuya específicamente al Consejo de Seguridad Nacional un papel relevante en esta área.
La desestimación de este recurso representa un pronunciamiento sobre el ámbito de responsabilidad en situaciones de crisis, reafirmando el papel de los gobiernos autonómicos en la gestión de desastres naturales y su enfrentamiento ante situaciones de emergencia en el contexto español.
