El PP lleva ante el Constitucional el bloqueo a su Ley de Costas
MURCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) – Un total de 400 familias de las playas de Cabo de Palos, Los Nietos, El Portús, Puerto de Mazarrón y Puntas de Calnegre se ven afectadas por la nueva línea de deslinde del dominio público terrestre que, al haberse visto retrasada por Costas, obliga a la demolición de estas casas que quedarían en terreno público.
Según el senador del Partido Popular (PP), Francisco Bernabé, «son construcciones legales, con sus escrituras públicas, inscritas en el registro de propiedad, pagando sus impuestos, y, por supuesto, todas plenamente consolidadas en sus entornos urbanos».
Acciones del Partido Popular
El PP ha presentado ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones para «poner fin al bloqueo que la Mesa del Congreso mantiene sobre la proposición de ley del PP en esta materia». Bernabé ha anunciado que, «si no desiste esta actitud de fraude legal», iniciarán acciones judiciales personales contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el resto de miembros de la Mesa, ya que consideran que «están anteponiendo los mandatos de Pedro Sánchez al interés general de todos los españoles» al retrasar la tramitación en la Cámara Baja.
Impacto en las familias afectadas
El senador ha indicado que las familias afectadas «están usando todos los medios legales, y poniendo recursos ante esas órdenes de demolición». Aclaró que dos viviendas de Cabo de Palos ya han perdido esos recursos y tienen la orden de demolición pendiente. Eventualmente, van a recurrir ante el Tribunal Supremo.
Además, al quedar estas casas en dominio público, Bernabé explicó que las familias deberían costear la demolición y no recibirían ningún tipo de indemnización por perder sus viviendas.
Propuesta del PP para la salvaguarda de núcleos costeros
Bernabé destacó que el PP busca «salvaguardar los núcleos tradicionales costeros de nuestro litoral, aquellos que tienen unos valores especiales de tipo etnográfico, histórico, paisajístico, vinculados al medio marino». Esto sería posible si se permite avanzar en la tramitación de la ley que el PP ha propuesto.
El senador ha afirmado que esta proposición lleva más de 60 prórrogas acordadas por la Mesa del Congreso, ya que «semana tras semana se amplía el plazo de enmiendas sin razón». Por ello, advertió que «tiene que seguir adelante y si no se consigue por la vía política, será a través de los tribunales de justicia, en este caso el Constitucional».
