Archivo – El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán (i), a su llegada a declarar en el Tribunal Supremo, el 30 de junio de 2025, en Madrid (España). – Jesús Hellín – Archivo
Solicitud de vista al Tribunal Supremo
La defensa del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha solicitado al Tribunal Supremo que celebre una vista en la que se le permita refutar la decisión del magistrado instructor, Leopoldo Puente, de mantenerle en prisión provisional. En el recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, los abogados de Cerdán reclaman a la Sala de lo Penal que corrija al instructor y «acuerde la inmediata puesta en libertad» del ex ‘número tres’ de los socialistas.
Argumentos de la defensa
La defensa asegura que no hay razones para mantener a Cerdán en prisión provisional y critica que la justificación del instructor sea que deben «proteger las fuentes de prueba de las relaciones con Servinabar y con Acciona». Se trata de dos empresas señaladas por la Guardia Civil por el presunto amaño de contratos de obra pública; en el caso de Servinabar, los agentes sostienen que el exdiputado del PSOE habría adquirido 1.350 participaciones por 6.000 euros.
De este modo, la defensa sostiene que «no se explica ni concreta lo que se pretende proteger en este marco, dado que los responsables de Servinabar y Acciona se encuentran en situación de libertad». Además, afirma que el argumento del magistrado es «claramente falaz», ya que acuerda prisión «únicamente» para Cerdán y no para el resto de personas presuntamente vinculadas con ambas empresas.
Críticas a la falta de pruebas
Los letrados también apuntan que «en el caso hipotético que existiera alguna prueba pendiente de obtener en relación con dichas mercantiles, difícilmente puede justificarse la prisión del ciudadano que no estaría en posesión de dicha documentación». Además, insisten en que la jurisprudencia constitucional y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) exigen «concretar cuáles son estas fuentes de prueba que se pretenden proteger». Según argumentan, «no existen» pruebas en este caso y «la investigación se encuentra construida sobre el vacío».
Inmunidad parlamentaria y violaciones a la misma
La defensa destaca que «la inmunidad parlamentaria de Cerdán ha sido violentada de forma clara en este procedimiento», argumentando que dicha prisión provisional «deriva de la violación de su derecho fundamental a la participación política en la expresión de su inmunidad como Diputado del Congreso».
Denuncian que «lo que no se puede aceptar como legítimo en ningún proceso penal y mucho menos en uno contra un miembro de las Cortes Generales es que, a pesar de no constar formalmente como investigado, materialmente la Policía Judicial durante meses trabaje en una investigación contra el mismo y llegue a elaborar un atestado de 490 páginas», refiriéndose al informe de la UCO que sitúa a Cerdán en el epicentro de la presunta trama de cobro de comisiones por adjudicaciones públicas.
Contexto actual
La defensa también recuerda la última queja presentada, donde advierten sobre la posibilidad de que el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, «podría llegar a disponer de los informes de la UCO incluso antes de su presentación ante el Tribunal Supremo». Asimismo, cuestionan las grabaciones realizadas por el asesor ministerial Koldo García, también en posesión de la Guardia Civil y utilizadas en el informe de junio.
