Zaragoza, 14 Oct. (EUROPA PRESS) – El grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón ha instado al Gobierno autonómico a «ver la realidad de los barrios en los que se asienta sin control la inmigración ilegal», advirtiendo que esta situación es «una realidad que más pronto que tarde les explotará».
Vox ha hecho esta declaración en respuesta a un comunicado que el Gobierno de Aragón envió el lunes, en el que se pedía al portavoz parlamentario, Alejandro Nolasco, «más preparación, sensatez, seriedad y responsabilidad a la hora de emitir declaraciones». En el mencionado comunicado, también se le animaba a «viajar a Marruecos y Argelia a ver si es capaz de negociar nuevos convenios de repatriación», recordándole que la comunidad autónoma no tiene competencias en materia migratoria, excepto la acogida de menores.
Este intercambio de comunicaciones se produce tras las afirmaciones de Nolasco de que estaba dispuesto a asumir las competencias migratorias «el tiempo justo para firmar los convenios para la repatriación de menas» (menores extranjeros no acompañados). A esto, el presidente aragonés, Jorge Azcón, había respondido que «si hay algún miembro de Vox que cree que incumplir la ley es el camino, que acepte un puesto en el Departamento de Bienestar Social y Familia, y que sea él quien incumpla la ley y que entienda cuáles son las consecuencias que conlleva».
Vox ha señalado que el Partido Popular (PP) «ya está viendo venir» la realidad migratoria, a la vista del cambio en sus manifestaciones. No obstante, han advertido que el PP «nuevamente defraudará a los votantes que crean que tiene intención de hacer algo al respecto», afirmando que «sólo Vox tiene claro las medidas que se deben tomar y la determinación de llevarlas a cabo».
El partido ha recordado que ninguno de sus diputados puede negociar convenios de repatriación con Marruecos o Argelia si no cuentan con competencias en políticas migratorias. Además, han señalado que el Ejecutivo autonómico tiene la posibilidad de modificar las bases de las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para evitar otorgar fondos a «aquellas entidades que colaboren con el tráfico de seres humanos», acusando a organizaciones como Cruz Roja, Accem, Cepaim o Apip-Acap de tal colaboración, en conformidad con lo que se firmó en el Pacto de Gobierno de 2023 entre el PP y Vox.
Asimismo, han subrayado que su crítica no se refiere a los adultos migrantes, sino que han exigido conocer el costo de ofrecer educación y sanidad a estas personas.
El PP no actuó cuando pudo
La formación liderada por Santiago Abascal ha declarado que las comunidades gobernadas por el PP, cuando tuvieron la oportunidad de negarse a recibir a menores, «decidieron darle oxígeno a las políticas del PSOE de expandir la inmigración ilegal por todas las regiones españolas».
«Si es tan difícil, como afirma el Gobierno de Aragón, devolver a los menores ilegales una vez están en territorio español y han accedido al circuito de protección social, hay que impedir a toda costa que se vulneren nuestras fronteras y hay que reforzar las medidas de protección para impedir que ningún inmigrante en situación irregular acceda a nuestro país», han añadido desde el grupo parlamentario, remarcando que el PP «perdió una gran oportunidad cuando tuvo mayoría absoluta» para realizar modificaciones legislativas. «Fue una gran ocasión perdida que muchos no olvidaremos jamás», han concluido.
Además, han enfatizado que el PP está demostrando que «sólo actúa por el mero interés electoral. No por convicciones». Se cuestionan si deben creerle ahora cuando afirman que modificarán leyes si llegan al poder, y han preguntado si han presentado alguna petición de repatriación ante el delegado del Gobierno, recordando que «el interés superior del menor es estar con sus padres, no en una comunidad autónoma o en una nación extranjera».
Desde Vox también han señalado que el PP se escuda en el «caos normativo y competencial» para justificar «su inacción contra la inmigración ilegal», la cual es «consecuencia del bipartidismo y del sistema autonómico», que ha creado «17 reinos de taifas» que argumentan que «sus competencias son muy limitadas».
Memoria democrática
Por otro lado, el grupo parlamentario de Vox ha insistido en que Nolasco, cuando era vicepresidente, fue el primero en negarse a participar en la comisión bilateral planteada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y que su sucesora, Mar Vaquero, «no había confirmado ni rechazado» esa participación.
Asimismo, han subrayado que en aquellas comunidades donde los populares no dependen de Vox, como Castilla y León, no se ha derogado la Ley de Memoria Democrática, lo que demuestra que su impulso «es clave para cambiar el rumbo de las dañinas políticas del bipartidismo».
