MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) – El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso continúa ultimando la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) y ha indicado que está «definiendo todavía» el apartado de sanciones, en particular aquellas referidas a los escraches, así como la rebaja en el importe de las multas muy graves que se apliquen en el ámbito universitario.
«Son cuestiones que estamos definiendo todavía. Nuestra intención es hacer una ley de consenso y que sea lo más ágil y simplificada posible. Cuando haya un borrador definitivo, y habiendo escuchado a todas las partes, se tomará esa decisión», ha subrayado el consejero Emilio Viciana, tras un encuentro informativo con los medios de comunicación.
En junio, un borrador de la nueva ley regional de universidades planteaba sanciones que iban desde 15.000 euros hasta 100.000 euros por la realización de «manifestaciones no autorizadas que impidan el libre y pacífico ejercicio de las manifestaciones que sí han sido debidamente autorizadas o comunicadas dentro del campus», así como por «permitir la ocupación de cualquier lugar del campus que impida el acceso a los mismos o el uso de las instalaciones universitarias».
Entre esos primeros planteamientos, que fueron accedidos por los medios, el texto de la Consejería de Educación contemplaba una docena de supuestos en los que se incurriera en infracciones muy graves, como «no garantizar, por acción u omisión, la pluralidad y la libertad en los campus, especialmente la libertad de expresión y de cátedra», con multas que oscilaban entre 100.000 euros y un millón de euros.
Sin embargo, después de las últimas reuniones de trabajo, el contenido normativo ha rebajado la cifra a un importe máximo de 300.000 euros de sanción. Entre estas infracciones muy graves no se incluirán aquellas que no estén vinculadas a los requisitos para el normal funcionamiento de los campus, como la exhibición de pancartas no autorizadas.
A LA ASAMBLEA EN DICIEMBRE
Viciana ha destacado que están recibiendo «todas las aportaciones» por parte de la comunidad universitaria y de los rectores. El próximo paso será someter el texto, ya convertido en anteproyecto, al trámite de audiencia e información pública previo a su aprobación por el Consejo de Gobierno.
Una vez se convierta en Proyecto de Ley, será enviado a la Asamblea de Madrid para su discusión y eventual aprobación por los grupos políticos con representación en la Cámara de Vallecas. «Queremos escuchar a todo el mundo y que sea una norma de consenso. El objetivo es que la ley esté aprobada a lo largo de la primavera de 2026», ha enfatizado.
Así, el último borrador de la LESUC incorpora algunas de las peticiones y sugerencias planteadas por los equipos directivos de las universidades Complutense (UCM), Autónoma (UAM), Politécnica (UPM), Alcalá (UAH), Carlos III (UC3M) y Rey Juan Carlos (URJC), así como por el resto de actores de la comunidad universitaria.
10 MILLONES POR OBJETIVOS
Por otro lado, la Comunidad de Madrid destinará 10 millones de euros extra al capítulo específico de financiación por objetivos de las seis universidades públicas de la región. Junto a la financiación básica para el normal funcionamiento de los centros, se conformará un nuevo modelo de universidades públicas, sobre el cual se sigue trabajando.
La financiación por objetivos podrá repartirse entre las seis instituciones cuando estas acrediten determinados logros relacionados con su actividad académica o investigadora. Cada centro tendrá la posibilidad de pactar con la Administración regional los logros que mejor se ajusten a sus características, permitiendo además que la Administración añada nuevas posibilidades cada año mediante acuerdo del Consejo de Gobierno.
Entre los logros que considera el borrador se encuentran la realización de programas de investigación, la atracción de profesores de excelencia de otras regiones y países, en especial de Europa e Hispanoamérica, y la promoción de la oferta de títulos y cursos relacionados con las humanidades y los sectores estratégicos de la región.
«Vamos a hablar con las universidades y a poner en común aquellos objetivos que a ellas les supongan una mejora desde el punto de vista estratégico. Lo vamos a poner en consonancia con los propios objetivos que busca la Comunidad de Madrid y dentro de eso vamos a establecer unas serie de objetivos comunes para poder avanzar en esta financiación por objetivos», ha remarcado Viciana.
ELECCIÓN DE GERENTES E INTERVENTORES
Respecto a la organización de los centros universitarios, el texto señala que será el rector, de acuerdo con el Consejo Social, quien elija al gerente de cada universidad, eliminando la elección por concurrencia. Además, la figura del interventor se redefinirá como una Oficina Económica Presupuestaria, a cargo de dos profesionales: uno elegido por el rector y el otro por el Consejo Social.
Por último, se definirá con mayor precisión el papel del Distrito Único de Prácticas, cuyo objetivo es garantizar que ningún estudiante se quede sin una plaza para realizar esta parte fundamental de su formación cuando sea imprescindible para obtener su titulación. El actual sistema de distribución seguirá funcionando con normalidad, pero el Distrito Único permitirá asignar las plazas que queden vacantes después de esta primera asignación, para que puedan ser ocupadas por estudiantes que necesiten certificar sus prácticas para obtener su título.
