PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) – La Conselleria de Educación y Universidades ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) las nuevas órdenes que regulan el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria y bachillerato.
Mejoras en el Sistema de Evaluación
Según ha informado la Conselleria en un comunicado, estas disposiciones responden a la necesidad de dar estabilidad al sistema de evaluación, evitando la dependencia de resoluciones anuales y garantizando una aplicación homogénea en todos los centros educativos.
Autonomía de los Centros Educativos
Asimismo, se reconoce la autonomía de los centros para decidir sobre la evaluación y el sistema de calificación, valorando el criterio profesional del profesorado en la toma de decisiones. Esto implica un enfoque más personalizado que tiene en cuenta las características únicas de cada etapa educativa, alejándose de modelos rígidos y uniformes.
Coordinación y Comunicación con las Familias
Las nuevas órdenes también establecen actuaciones comunes para las sesiones de evaluación, garantizando coherencia entre todos los centros educativos. Se concretan los momentos en los que las familias deben recibir información sobre las calificaciones de sus hijos. Además, la forma de hacer llegar la información a las familias se ha simplificado mediante un único documento final, con el objetivo de reducir la burocracia y mejorar la claridad del proceso.
Transición entre Etapas Educativas
En cuanto a la coordinación entre etapas, se define la información que se debe trasladar a cada alumno. Por ejemplo, en la transición de Infantil a Primaria se compartirán datos relevantes sobre la lectoescritura, matemáticas y otros aspectos clave para asegurar un adecuado seguimiento del alumno.
Reclamaciones y Seguridad Jurídica
Finalmente, las nuevas órdenes establecen un procedimiento claro y transparente para gestionar posibles reclamaciones, tanto por parte de las familias como de los centros. Esto refuerza la seguridad jurídica y asegura una resolución adecuada de las discrepancias, promoviendo un ambiente educativo más equitativo y participativo.
