CIUDAD REAL, 28 Oct. (EUROPA PRESS) – La delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha confirmado que desde el Gobierno regional ya se había inspeccionado «en varias ocasiones» la planta de tratamiento de residuos biosanitarios de Socuéllamos, donde se produjo este lunes un accidente con una trabajadora fallecida. La misma «tenía abierto un expediente sancionador por infracción grave».
Inspecciones y autorizaciones no concedidas
Fernández ha aclarado que «esta actividad no contaba con los parabienes del Gobierno de Castilla-La Mancha». Nos habían comunicado que iban a ampliar el volumen de producto a tratar y les dijimos que no les autorizábamos. Además, ha afirmado que «también nos comunicaron que iban a ampliar el plazo, puesto que es un proyecto de investigación, y también les dijimos que no», según informa en nota de prensa el Gobierno regional.
Investigación y medidas correctivas
Según ha señalado, «esta investigación ya estaba completada según el criterio técnico y, en todo caso, tenían que cumplir con una serie de medidas complementarias que ya se habían detectado como deficiencias en las actas de inspección y en el expediente sancionador».
Condolencias y deseos de recuperación
Fernández ha mostrado las condolencias del Gobierno de Castilla-La Mancha a la familia de la trabajadora fallecida en el accidente de este lunes. Deseó, asimismo, una pronta recuperación para los otros dos trabajadores que resultaron heridos. «Quiero acordarme de ella y de su familia porque tienen que estar rotos de dolor, y también de las familias de los dos heridos que están graves, a los que deseo lo mejor y que se puedan recuperar. Ojalá sea posible», ha señalado.
Causas del accidente en manos de la Policía Judicial
Sobre las causas que provocaron el accidente, ha indicado que le corresponde a la Policía Judicial, quien «deberá investigar, establecer cuáles han sido las causas y saber si ha habido algún tipo de negligencia o de producto que no debía estar allí». En relación con la licencia de apertura, ha advertido que «es competencia municipal».
