PALMA, 29 (EUROPA PRESS)
El Partido Popular (PP) ha decidido tumbar la proposición de ley registrada por Vox, que busca modificar la ley autonómica de educación para incluir, entre otras cosas, la vehicularidad del castellano. Esta iniciativa legislativa será debatida en el pleno del Parlament el próximo martes, aunque, de no producirse cambios en la postura de los votos, no será admitida a trámite.
Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este miércoles, Sebastià Sagreras, portavoz de los ‘populares’ en la Cámara autonómica, reafirmó su negativa a la propuesta: «Nos mantendremos en la opción que dijimos el primer día, el PP votará en contra de que se admita a trámite. Respetamos que la presentaran, pero el acuerdo de presupuestos no es este», manifestó Sagreras.
A pesar de su oposición, Sagreras expresó el compromiso del PP de cumplir con lo acordado con Vox respecto a la inclusión de la vehicularidad del castellano en educación, pero no de la manera en que lo propone el partido liderado por Santiago Abascal. Sagreras considera que el texto de Vox traspasa algunas «líneas rojas» del PP, como la ley de normalización lingüística, el decreto de mínimos o la autonomía de centro.
Poco antes, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, no descartó que el PP pudiera cambiar su voto en última instancia. «La esperanza es lo último que se pierde. Lo único que les hemos pedido por activa y por pasiva es que se admita a trámite esta ley y que se discuta en el Parlament», subrayó.
Cañadas, además, desvinculó la aprobación de cualquier ley o decreto de la posibilidad de apoyo a nuevos presupuestos autonómicos. Por su parte, Marc Pons, portavoz adjunto del PSIB, reafirmó que su grupo no apoyará esta iniciativa y anticipó que «el nivel de lío que tiene el PP en su relación con Vox nos puede hacer esperar cualquier cosa».
El líder parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, también se pronunció, asegurando que espera que «todo el mundo cumpla con su palabra» en contra de la proposición de Vox. «Aunque haya gente que últimamente falta bastante a su palabra», apuntó en una referencia implícita al PP.
Apesteguia desea cerrar este debate para centrar la atención en garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía, recuperar el uso social del catalán y asegurar que los alumnos sean competentes en las dos lenguas cooficiales de Baleares. «Estoy contento de que acabemos, si todo el mundo cumple con su palabra, con los debates estériles contra la cultura de este país y nos podamos centrar en los problemas de verdad de la gente», concluyó.
Organizaciones Civiles y Atención a la Dependencia
El pleno del próximo martes también abordará una proposición de ley promovida por el Fòrum de la Societat Civil, respaldada por todos los grupos de la izquierda, que busca fomentar una participación más transparente de la ciudadanía y las organizaciones civiles en las decisiones políticas. Conocida como la ley de la sociedad civil, esta iniciativa cuenta actualmente con el apoyo de la izquierda, el rechazo de Vox y las dudas del PP, que aún no ha desvelado el sentido de su voto.
Pons destacó la importancia de esta iniciativa, que dará más peso a las organizaciones civiles, las cuales han demostrado su capacidad para llevar a cabo batallas sociales y mejorar decisiones políticas en múltiples ocasiones. El socialista también manifestó su preocupación por la falta de un posicionamiento claro por parte del PP, instándole a «no permitir más retrocesos en materia democrática» y a apoyar la tramitación de la proposición de ley.
Minutos después, al ser preguntado sobre el tema, Sagreras indicó que todavía están estudiando cuál será el sentido de su voto. En cualquier caso, defendió que no es necesario añadir burocracia a los órganos constituidos por cada consellería y que la soberanía popular reside «en la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas».
Desde Vox han adelantado su negativa a una iniciativa que consideran que la izquierda ha promovido con la intención de lograr «más influencia y financiación para sus chiringuitos y asociaciones afines».
Finalmente, la sesión plenaria del próximo martes también contempla la convalidación del decreto ley de medidas urgentes en materia de servicios sociales, aprobado por el Consell de Govern el pasado viernes, que ofrecerá cobertura legal a la subida salarial acordada con los trabajadores de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia (FASD).
La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, aseguró que contaba con el apoyo del PP, el PSIB, MÉS per Mallorca, Llorenç Córdoba y otros diputados no adscritos. El portavoz ‘popular’ espera que esos apoyos se mantengan y que se pueda consolidar una normativa que responda a «una demanda totalmente legítima» de los trabajadores.
