BADAJOZ, 31 oct. (EUROPA PRESS) – El juicio por la muerte de la educadora social Belén Cortés, presuntamente a manos de tres menores a los que asistía en un piso tutelado en Badajoz, ha quedado este viernes visto para sentencia después de las tres sesiones a puerta cerrada celebradas los días 29, 30 y 31 en el Juzgado de Menores de la capital pacense en Ronda Norte.
La acusación particular, representada por el abogado Raúl Montaño, ha realizado modificaciones en sus conclusiones respecto a las pretensiones penales iniciales, indicando que va “de la mano” del Ministerio Público. Se considera que dos de los menores actuaron como autores y un tercero como cómplice de asesinato, y por ello pide en los tres casos, dependiendo de la edad al momento de los hechos, seis años de internamiento en régimen cerrado.
En declaraciones a los medios tras la última sesión, Montaño explicó que, tras la valoración de la prueba y las sesiones, la acusación ha realizado modificaciones en relación a la autoría de uno de los menores, por lo que la petición de pena para una adolescente que en aquel momento tenía 17 años se ha rebajado a seis años. La Fiscalía, por su parte, ha solicitado cinco años.
“El delito que esta parte pretende es el de asesinato. Otra cosa es la participación de cada uno. Entendemos que hay dos menores que corresponden a autoría, son autores, y la otra menor sería cómplice. En cuanto al delito, la pretensión de la acusación particular es la de homicidio agravado, en este caso asesinato”, especificó Montaño.
Respecto a la responsabilidad civil, indicó que “todas las partes han ido a que la única responsable civil en este procedimiento es la Junta de Extremadura”. Reconoció que la cantidad reclamada ronda los 600.000 euros. Desde la Junta, la posición es que no son responsables directos y que, por tanto, el monto debe ser disminuido.
Defensa de uno de los menores
El abogado defensor de uno de los menores, José Duarte, ha señalado que solicita una sentencia absolutoria respecto al homicidio para el menor que representa, argumentando que no se ha acreditado su autoría durante el juicio. Considera que estos hechos “se podían y debían haber evitado”, enfatizando que “la Administración tiene que velar por los intereses de los menores” y que las denuncias presentadas en el tiempo debieron ser atendidas adecuadamente.
Acusó a la Junta de Extremadura de ser “la responsable”, argumentando que los padres de estos menores debieron exigir responsabilidades adicionales. Además, enfatizó que había medidas más oportunas que no se adoptaron.
Abogado del padre de uno de los menores
Fernando Cumbres, abogado del padre del menor de 14 años, se refirió a la solicitud de eximir a los padres del pago de la responsabilidad civil, sosteniendo que “su cliente actuó diligentemente” informando a las autoridades sobre los riesgos. Reiteró que el deber de vigilancia recae en la Junta de Extremadura y la empresa concesionaria, las cuales deben pagar la indemnización solicitada por la familia de Belén por ser “justa y necesaria” para prevenir futuras tragedias.
Cumbres instó a la Administración a cambiar los protocolos de seguridad, ya que considera que actualmente son insuficientes y no salvaguardan adecuadamente la protección de los trabajadores en situaciones de riesgo.
