HUESCA, 1 de noviembre (EUROPA PRESS) – El secretario de Ganadería, Agricultura y Medio Ambiente de la Ejecutiva Provincial del PSOE Alto Aragón, Pedro Loscertales, ha criticado la «política de imposición» que, a su juicio, ha exhibido el Gobierno de Aragón con la adopción de «restricciones drásticas». Estas limitaciones afectan a un área que se extiende desde Ansó hasta Aísa, ambas localidades situadas en la provincia de Huesca, debido a la presencia ocasional del oso.
Loscertales lamenta que esta decisión «no tiene en cuenta la afección real», ya que son los habitantes de estos pueblos quienes sufren las consecuencias de decisiones tomadas desde la distancia. «No puede ser que los ayuntamientos se enteren por la prensa de las medidas que impone el Gobierno de Aragón respecto al oso. Hay muchos municipios y muchos vecinos afectados y ninguno de ellos ha sido escuchado», ha reprochado.
El secretario del PSOE ha manifestado que «están curándose en salud», dado que la osa no está geolocalizada y los responsables no saben dónde se encuentra. «No nos negamos a las restricciones, pero no se puede regular de un día para otro, tiene que ser algo progresivo y consensuado», ha defendido.
Propuesta del PSOE para un plan de convivencia
En este contexto, el PSOE propone un plan de convivencia con el oso que sea «bien trabajado, acordado entre todos los afectados, y con medidas reales y factibles que aseguren la compatibilidad con la forma de vida tradicional de estas zonas, basada principalmente en ganadería».
Loscertales ha reconocido que «las zonas donde la presencia de esta especie es más habitual van a tener que adaptarse», pero también es necesario contar con el respaldo y la ayuda del Gobierno de Aragón. En este sentido, plantea cuestionamientos sobre «decisiones contradictorias que ha tomado el gobierno de Azcón», como el hecho de que haya pueblos que queden fuera de las ayudas por la presencia del oso, pero que sin embargo están afectados por las restricciones. Ejemplos de esto son Jasa, Aragüés, Aísa y Plan, entre otros. «Es decir: sufren afección por las prohibiciones pero no les ayudan por la presencia de este animal. Es un sinsentido», ha indicado.
Asimismo, Loscertales ha señalado que «es igualmente ilógico que el borrador del plan de caza 2025 – 2026 haya sido negociado con la Federación de Caza, pero haya obviado a los ayuntamientos, imponiéndoles limitaciones sin haber siquiera escuchado su opinión».
Reflexión final
Esta situación refleja una inquietud que va más allá de las decisiones administrativas. La gestión de la fauna salvaje, especialmente en áreas donde su presencia interfiere con modos de vida tradicionales, demanda diálogo, consenso y, sobre todo, la consideración de las realidades locales. Tanto los habitantes como los entes gubernamentales deben trabajar de manera conjunta para encontrar soluciones que aseguren la protección del medio ambiente sin comprometer la vida y el sustento de las comunidades afectadas.
