La Diputación Foral de Álava ha iniciado un expediente sancionador contra la asociación Sarrera Euskal Udaleku Elkartea, encargada de organizar los campamentos en Bernedo, en la que hasta el momento se han presentado 21 denuncias por presuntos delitos de agresión sexual, exhibicionismo y coacción a menores. Así lo declaró el diputado general de Álava, Ramiro González, durante su intervención ante las Juntas Generales de Álava, a solicitud del Partido Popular.
El documento señala que la institución foral ha decidido incoar el expediente tras evidenciar «dos incumplimientos graves de obligaciones» de la normativa. En primer lugar, se menciona el incumplimiento de la obligación de realizar una comunicación previa de la actividad al departamento competente, y en segundo lugar, el incumplimiento de facilitar las funciones de inspección que permiten la adecuada supervisión administrativa, tras no responder a la documentación requerida.
González explicó que la Diputación tuvo conocimiento de los ‘udalekus’ el 15 de septiembre a raíz de un correo enviado por una madre, ya que esta actividad no estaba inscrita en la Diputación Foral de Álava ni había sido comunicada al Departamento de Juventud, por lo que se consideraba totalmente desconocida.
Desde un principio, la prioridad del Departamento fue atender a las familias afectadas, con el objetivo de conocer la situación generada en el ‘udaleku’ de Bernedo y ofrecer respuestas adecuadas. Además, se trasladó toda la documentación administrativa al Ministerio Público.
«Se ha actuado con la mayor celeridad posible, siempre teniendo en cuenta el interés superior de los menores involucrados», subrayó González. A lo largo de los años, se han reportado prácticas «absolutamente inadmisibles» en estos campamentos, que podrían ser constitutivas de delito, lo cual ha suscitado gran preocupación y demanda la transparencia en la actuación institucional.
Mesa interinstitucional
El diputado general también destacó la creación de una mesa de trabajo entre las tres diputaciones forales, Eudel y el Gobierno Vasco, con el fin de «mejorar los mecanismos de coordinación y control» de las actividades privadas de tiempo libre, incluidas las marchas volantes, campamentos y albergues.
El objetivo es desarrollar reglamentariamente varios aspectos de la Ley Vasca de Juventud, como las comunicaciones previas y el régimen disciplinario. Asimismo, se han acordado impulsar campañas de sensibilización sobre el voluntariado y el ocio educativo en los próximos períodos vacacionales, como el navideño.
Comisión de investigación y responsabilidad
A pesar de las acciones anunciadas, la juntera del PP, Ana Salazar, instó a la creación de una comisión de investigación, argumentando que «nadie asume la responsabilidad de errores muy graves» asociados a estos campamentos, que han sido activos durante años. Salazar criticó que la actual administración parece querer ocultar los fallos, lo que ha provocado una creciente desconfianza.
Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Xabier Valdor, expresó preocupación por la «falta de transparencia» en el manejo de estos casos, al considerar inaceptable que las denuncias relacionadas con menores se extravíen en los juzgados. Valdor, además, solicitó que se evitemos «el morbo» y el «amarillismo» en la cobertura mediática de estos incidentes.
Finalmente, el portavoz de Elkarrekin Araba, David Rodríguez, hizo un llamado a las instituciones para que trabajen en mejorar la coordinación y los protocolos en actividades de tiempo libre y educación, con el fin de proteger los derechos de los menores y evitar que situaciones como estas se repitan en el futuro.
