La abogada del Estado que defiende al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha denunciado en el marco del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo que el jefe del Ministerio Público ha sido víctima de una presunción de culpabilidad que ha devenido en numerosas irregularidades durante las pesquisas. Por lo tanto, ha solicitado la anulación del material obtenido en los registros, que es clave para la causa.
MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
Durante la primera jornada del juicio, la abogada Consuelo Castro se pronunció en contra de García Ortiz, quien está acusado de haber filtrado información relativa a Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El fiscal general enfrenta una condena de hasta 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y un desembolso de más de 400.000 euros.
Desde el estrado, donde se sientan sus dos abogados defensores y los dos fiscales que también reivindican su inocencia, García Ortiz negó su culpabilidad al ser preguntado por el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, si «se considera autor responsable de los delitos que se le imputan». «No», contestó.
La abogada del Estado destacó las «irregularidades cometidas en la instrucción», subrayando que esto permite sostener que el fiscal general ha sido sometido a un proceso injusto. Según ella, García Ortiz «no ha podido defenderse en las condiciones exigibles» en ningún momento porque el magistrado instructor, Ángel Hurtado, descartó cualquier «otra alternativa», actuando bajo la idea preconcebida de que era culpable y buscando únicamente pruebas incriminatorias.
Castro subrayó las supuestas irregularidades en los registros efectuados el 30 de octubre de 2024 en el despacho de García Ortiz y de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien entonces era investigada. En dichos registros se obtuvieron indicios clave contra García Ortiz: las comunicaciones en el seno de Fiscalía la noche de la presunta filtración, el 13 de marzo de ese año, y el borrado del contenido del teléfono móvil del jefe del Ministerio Público.
Además, la abogada del Estado criticó que «la defensa nunca ha sabido con certeza qué hechos eran objeto de investigación», recordando que en algún momento el foco estuvo puesto en la filtración de la denuncia de Fiscalía contra González Amador, luego en un correo del 2 de febrero en el que su abogado ofrecía reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto, y después en la nota que difundió la Fiscalía.
En la misma línea, aseguró que en la investigación se vulneró el principio de igualdad de armas, dado que el instructor negó acordar varias diligencias que podrían beneficiar al fiscal general. Según Castro, también se violaron derechos a la vida privada, dado que se permitió conocer información personal que considera innecesaria para la causa.
En total, la defensa solicitó la nulidad de varias medidas acordadas por el instructor: el secreto de las actuaciones, considerándolo no suficientemente motivado; las entradas y registros en los despachos mencionados, entendiendo que eran medidas desproporcionadas; y las comisiones rogatorias cursadas para solicitar a Meta (propietaria de WhatsApp) y a Google información sobre los chats y correos electrónicos del fiscal general.
IMPOSIBLE SABER QUÉ BORRÓ
La defensa también aportó un informe pericial que, según su juicio, acredita que «es imposible saber qué mensajes fueron borrados el 16 de octubre de 2024», ya que en esa fecha, según la Guardia Civil, el fiscal general borró el contenido de su teléfono móvil hasta dos veces.
Asimismo, solicitó incorporar una serie de mensajes publicados en la red social ‘X’ en la cuenta de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso. Según Castro, estas publicaciones «ponen de manifiesto la difusión de una idea de confabulación entre Fiscalía, Hacienda y Gobierno para perjudicar» a la presidenta madrileña, porque «constituyen un contexto importante».
García Ortiz ha calificado de «bulo» la situación, al que reaccionó dando lugar a la nota de prensa en la que estalló el caso. Según el instructor, esto se relaciona con las presuntas filtraciones de correos electrónicos sobre las negociaciones de González Amador con Fiscalía para pactar a cambio de evitar la cárcel.
Además, la abogada del Estado también solicitó incorporar a la causa el «resultado negativo» que dio la búsqueda de la palabra «Campos» en los dispositivos de García Ortiz, así como sumar los «correos ofensivos» que recibió en sus cuentas personales después de que se difundieran sus direcciones, los cuales, según Castro, «le obligaron» a cerrarlas en diciembre de 2024, «no antes».
UNA FICCIÓN DEL JUEZ INSTRUCTOR
En la misma línea, la teniente fiscal del TS, María Ángeles Sánchez Conde, criticó estos registros, afirmando que vulneraron los derechos fundamentales de García Ortiz. Aseveró que el magistrado Hurtado partió de una «ficción» que no tiene «ni el más mínimo sustrato fáctico ni jurídico».
Sánchez Conde también comentó que «todavía está esperando la Fiscalía que nos dé un solo dato de que la filtración se dio por medios telemáticos». Incidió en que el magistrado fue consciente de la «insólita» entrada y registro que acordó, así como del «eco mediático insoportable» que esta medida tuvo en la causa, limitando finalmente el análisis de los documentos y comunicaciones intervenidas a un periodo más reducido al acordado en un principio.
Por último, la fiscal consideró que no hay indicios contra el fiscal general porque las pruebas incautadas en los registros deberían considerarse nulas. Aseguró que «los únicos indicios que la Sala (de lo Penal) podrá utilizar serán los de la Sala de Admisión», un hecho que, a su juicio, implica que los mencionados magistrados no deberían participar en el juicio ni en la redacción de la sentencia que se acuerde.
Este lunes, Sánchez Conde también apoyó la aportación documental solicitada por la abogada del Estado, al considerar que es fundamental para acreditar la tesis de la defensa de que «ha habido una actuación conjunta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, su gabinete de prensa, ‘El Mundo’ y otros medios afines para construir un relato deliberado para perjudicar al fiscal general».
