El 7 de noviembre de 2025, José Luis Ábalos, exministro de Transportes, recibió de su entonces asesor Koldo García la autorización que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria había otorgado a la empresa vinculada al presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, para suministrar mascarillas y tests que abastecieron a varias administraciones durante la pandemia, cuya compra está siendo investigada por posibles amaños. Uno de los socios del empresario celebró en un chat de WhatsApp: «El pollo está en el horno».
Esto fue parte de las conversaciones que sirvieron de base para el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la adquisición de material sanitario realizada por el Gobierno de Canarias, que presidía Ángel Víctor Torres, a Soluciones de Gestión, una firma vinculada a De Aldama. Esta información fue enviada a la Audiencia Nacional y ha estado en el centro de atención pública.
César Moreno compartió en un grupo de WhatsApp los documentos solicitados por García a Ignacio Díaz Tapia, otro socio. En los mensajes, Moreno preguntó: «¿Así tal cual? Se le da este papel sin firmar ni nada?», y después de enviar los archivos, escribió «el pollo está en el horno», refiriéndose a que ya había enviado la documentación, lo cual fue agradecido por Díaz Tapia.
Dicho documento indicaba que Megalab, la empresa de material sanitario, era «uno de los proveedores aprobados por el Gobierno de España» para la venta de test de Covid-19, y este hecho se produjo el 14 de diciembre de 2020 en un grupo denominado ‘Fertinvest’, en el que estaban Moreno, Díaz Tapia y Javier Serrano, todos socios de Aldama.
Primer contrato a dedo
El 20 de mayo de 2020, Serrano comunicó en el chat de ‘Fertinvest’: «Primer concurso a dedo que nos hacen. Me he presentado. 18.500 euros nos van a adjudicar», aludiendo a un documento que había compartido con las condiciones para acceder al contrato de Ineco. El archivo especificaba que «la empresa adjudicataria deberá encargarse de 240 pruebas» de coronavirus y contaría con los medios humanos y materiales necesarios para llevarlas a cabo.
Desde la adjudicación del contrato, los tres socios, junto a Aldama, quien mantenía contacto con Koldo García, comenzaron a planear negocios con los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares para realizar pruebas de Covid-19 en los aeropuertos, como refleja la correspondencia recopilada por la UCO.
Dudas en Canarias por la contratación
La UCO también argumenta que Olivera, un responsable de la tramitación de la compra en la administración canaria, garantizó la adquisición de mascarillas mientras que, a nivel administrativo, aún existían «dudas» sobre la viabilidad del contrato, especialmente por el precio y calidad de los suministros.
La Guardia Civil subraya que la propuesta de contratación de Soluciones de Gestión por parte del Gobierno canario habría sido impulsada desde el Ministerio de Transportes, entonces dirigido por José Luis Ábalos, a través de Olivera. Se indica que los encargados de la contratación expresaron inquietudes sobre la «conveniencia» del acuerdo, ya que el precio estaba «fuera de mercado» y existía «reserva suficiente» para varios meses gracias a las compras efectuadas previamente.
– Diego Radamés – Archivo
