El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha convocado este miércoles a los siete grupos del Parlamento para recabar apoyo y consenso en torno al borrador del ‘decreto canario’. Este documento será remitido al Gobierno central para su aprobación y posterior convalidación en el Congreso, aunque ya ha sido recibido con dudas por parte del PSOE y NC-bc, especialmente, y Vox.
Contexto y Necesidades de Canarias
En declaraciones a los periodistas, Clavijo ha indicado que el texto está concebido para recibir aportaciones, pero incluye «tres necesidades» que el archipiélago enfrenta actualmente: el cumplimiento de la ‘agenda canaria’, el desarrollo del Estatuto de Autonomía y el abono de las partidas pendientes de los Presupuestos Generales del Estado.
«Somos conscientes de que, sin estas medidas, Canarias no va a conseguir remontar situaciones como las que arrastramos tras el COVID o la erupción del volcán. Para resolver problemas como el de la vivienda y la precariedad del empleo, necesitamos la colaboración del Estado», ha subrayado.
Detalles del Decreto
El contenido del decreto cuenta con 33 artículos, 10 disposiciones adicionales y tres disposiciones finales. El primer bloque se titula ‘Medidas de recuperación social y económica’ e incluye importantes partidas económicas y medidas legislativas que el Gobierno central debe adoptar para garantizar el desarrollo del archipiélago.
Entre estas medidas, destaca la deducción del 60% del IRPF para todos los residentes en La Palma, La Gomera y El Hierro durante los próximos tres años, así como una innovadora bonificación del 50% en la cuota patronal de la Seguridad Social para las actividades en las islas verdes en contratos indefinidos y de sustitución por IT, similar a las aplicadas en Ceuta y Melilla.
Para continuar impulsando la recuperación de La Palma tras la erupción volcánica, el documento remitido a Madrid incluye 100 millones de euros para los años 2026, 2027 y 2028, junto con un apoyo adicional de 30 millones para un Plan Especial de Empleo en 2026 que podría extenderse a 2027.
Además, se exige al Gobierno continuidad en la gratuidad del transporte público terrestre en Canarias durante al menos dos años más, solicitando a su vez 160 millones de euros anuales para este fin.
Vivienda y Medidas Sociales
Canarias también busca proteger las partidas específicas que el Estado incluyó en sus cuentas de 2023, las cuales han quedado en incertidumbre con la prórroga de los presupuestos nacionales. Esto incluye 45 millones del Plan Integral de Empleo y 42 millones para infraestructuras educativas, entre otros.
En el segundo bloque, titulado ‘Medidas de apoyo a colectivos vulnerables’, se busca dar continuidad a los 30 millones anuales del plan de pobreza y se solicita la cesión de suelo para construcción de viviendas protegidas. Durante 2026 y 2027, se requieren 105 millones de euros anuales para obras de vivienda protegida en las islas.
Además, el borrador necesita nuevos fondos estatales para asuntos prioritarios como formación profesional (40 millones anuales), un plan para jóvenes desempleados (42 millones), gratuidad del primer ciclo de educación infantil (28 millones), cofinanciación en materia de dependencia (120 millones) y el tratamiento de aguas (50 millones), entre otros.
Fondos para Infraestructuras y Competencias
Como novedad, bajo la ‘agenda canaria’, el Gobierno autonómico propone al central que, para 2026 y 2027, se conceda una bonificación del 50% en la cuota de Seguridad Social a las empresas isleñas que implementen medidas de productividad para aumentar los sueldos.
También se destaca la exigencia al Estado para financiar el 50% de la redacción de proyectos y ejecución de obras de infraestructura para el transporte público en Lanzarote y Fuerteventura.
En temas de costas, Canarias solicita 20 millones de euros en 2026 y 2027 para obras de interés general y exige el traspaso de competencias relativas al dominio público marítimo-terrestre a la comunidad autónoma.
El texto incluye igualmente 20 millones para obras hidráulicas y 204 millones para financiar desde 2026 a 2030 el Convenio de Carreteras.
Reacciones de los Portavoces
El vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez (PP), ha afirmado que el objetivo del decreto es «llegar a acuerdos» y lograr que Canarias obtenga «mayor financiación y recursos».
El portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, ha cuestionado la necesidad de este decreto al asegurarse que ya se habían pactado términos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Franquis considera que la iniciativa de Clavijo es una manera de «enredar» la situación.
El portavoz de NC-bc, Luis Campos, describió el borrador como «una carta a los Reyes Magos», ya que ha pasado de propuestas sobre el bloqueo de los PG a un documento con «decenas de aspectos» que responden a la agenda política de CC.
Por otro lado, Casimiro Curbelo, portavoz de ASG, ha pedido «generosidad y altura de miras» para avanzar en el decreto ley, enfatizando que solo se pueden resolver problemas canarios a través del consenso entre PSOE y PP en el Congreso.
Finalmente, Nicasio Galván, portavoz de Vox, ha señalado que se comprometen a estudiar el borrador, aunque considera que el proceso está «viciado» por la aparente falta de respaldo parlamentario.
