PAMPLONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) – La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a 10 años y un día de prisión a un hombre que violó a una menor de 13 años en octubre de 2022 en Pamplona.
Según la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, el procesado, natural de Marruecos y de 35 años, no podrá comunicarse ni acercarse a la menor a menos de 300 metros durante 10 años. Además, deberá cumplir una medida de libertad vigilada de otros 10 años que se ejecutará posterior a la pena privativa de libertad. En concepto de responsabilidad civil, indemnizará a la víctima con 60.000 euros por el daño moral.
La Audiencia también ha acordado la expulsión del penado cuando acceda al tercer grado o a la libertad provisional, prohibiéndole retornar a territorio español durante un tiempo de 10 años.
El 17 de octubre de 2022, alrededor de las 20 horas, el acusado se encontró en la calle con dos menores de 15 y 13 años. Ambas se dirigían al pump track (pista para bicicletas, skates o patines) del barrio de la Rochapea tras haberse escapado de sus respectivas casas ese mismo día. Tras hablar unos minutos utilizando el traductor del móvil, los tres se dirigieron a una zona ajardinada junto al río Arga, en el mismo barrio.
La sentencia considera probado que el encausado dirigió a las menores hasta un área apartada del paseo, donde la joven de 15 años se tumbó y, al parecer, se quedó dormida. Entonces, «aprovechando la soledad del lugar» y que la otra menor parecía dormida, violó a la de 13 años. Tras la agresión sexual, cuando la otra chica despertó, el acusado condujo a las dos menores a su domicilio. En este punto, el tribunal no considera probado que el hombre realizara tocamientos a la víctima de 13 en las escaleras del descansillo.
En el juicio, celebrado el 14 de octubre, la fiscalía solicitó 10 años de prisión por el delito de agresión sexual (violación) a menor de 16 años y 3 años por un delito de agresión sexual (tocamientos) igualmente a menor de 16 años. La acusación particular elevó sus peticiones a 12 y 4 años, respectivamente, mientras que la defensa reclamó la absolución.
La Sección Primera de la Audiencia valoró la declaración de la denunciante como principal prueba de cargo, resaltando que no apreciaron en la víctima ningún móvil espurio, «pues no conocía de nada al acusado y ningún beneficio obtiene de la denuncia». La forma en que reveló los hechos, pasado un tiempo y ante una psicóloga clínica, descarta cualquier posible invención causada por un móvil espurio.
Relato revelado de forma progresiva
Los jueces apuntan a que, aunque el testimonio de la menor tuvo variaciones, no existió tal variación, sino que la joven «por su propia condición y estado, sustrajo de su relato una de las agresiones, la más grave, por su incapacidad de verbalizarla inmediatamente tras los hechos, minimizándola y describiendo solo una parte de ellos, la menos grave». Fue solamente después de recibir tratamiento especializado con psicólogos que pudo revelar lo sucedido en su totalidad.
En este sentido, los magistrados recalcan que «no existen varios relatos incompatibles, sino un relato revelado de forma progresiva», y que, de acuerdo a las diversas pruebas psicológicas, el testimonio de la denunciante es calificado como «altamente creíble».
«En conclusión, fue el sentir unánime de los miembros de este Tribunal que [la víctima] dijo la verdad, en una declaración emotiva, mostrándose tímida y vergonzosa». Se afirma que no perciben duda alguna que empañe la credibilidad de la víctima.
Lugar oculto y oscuro
Los jueces subrayan que lo declarado por la menor contó con corroboraciones periféricas, con pruebas objetivas como testificales, documentales y periciales psicológicas.
En la determinación de la pena, la Audiencia valora la situación de indefensión de la víctima, considerando la agravación prevista en los artículos que regulan las agresiones sexuales en el Código Penal. «El lugar oculto, oscuro y alejado donde ocurrieron los hechos, unido a la edad de la menor, de apenas 13 años, y su situación de vulnerabilidad, determina la concurrencia del referido subtipo agravado».
Finalmente, los magistrados consideran «razones que justifican el cumplimiento íntegro de la condena», así como la no sustitución parcial de esta por la expulsión, argumentando que es necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito.
