La teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez Conde, ha defendido este jueves que, «aún en la hipótesis» de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, hubiera «filtrado» el correo relativo a Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso— cuando lo tuvo en su poder, «en ese momento era impune porque la noticia ya era conocida por muchos medios» de comunicación. Esta declaración se realizó durante la sexta y última sesión del juicio que se celebra en el alto tribunal contra el fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos.
García Ortiz se enfrenta a una pena de seis años de cárcel y doce años de inhabilitación, ya que se le acusa de haber filtrado, la noche del 13 de marzo de 2024, un correo que la defensa de González Amador había enviado a la Fiscalía el 2 de febrero de ese mismo año, donde ofrecía reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto para evitar el ingreso en prisión. Sánchez Conde afirmó que, «aún en la hipótesis de que el fiscal general del Estado hubiera filtrado el correo cuando lo tuvo en su poder, en ese momento era impune porque la noticia ya era conocida por muchos medios y está acreditado en la causa».
En este contexto, hizo hincapié en que periodistas de ‘Cadena SER’, ‘El País’, ‘La Sexta’ y ‘eldiario.es’ han testificado en el juicio que sabían que la defensa de González Amador estaba negociando una conformidad con la Fiscalía antes de que el propio fiscal general lo supiera. La fiscal destacó que García Ortiz solo tuvo conocimiento de ello cuando recibió, a las 21:59 horas del 13 de marzo, los correos electrónicos que la defensa del novio de Díaz Ayuso había intercambiado con el fiscal del caso, Julián Salto, mientras que los informadores aseguraron que lo supieron minutos, horas o incluso días antes.
La conversación con ‘El Mundo’
También añadió que tanto González Amador como el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, reconocieron en sus respectivos testimonios que este último puso en contacto, la mañana del 13 de marzo, al empresario con un periodista de ‘El Mundo’ que a las 21:29 de ese día publicó que la Fiscalía ofrecía un pacto. Este texto desencadenó la reacción de García Ortiz.
Sánchez Conde enfatizó que, de esta forma, ambos reconocieron que «la fuente de la información de esa noticia fue el señor González Amador». Recordó que, de acuerdo con estos testimonios, cuando su abogado le remitió el pantallazo de otro correo electrónico, de 12 de marzo de 2024, donde el fiscal se abría a pactar, González Amador lo reenviaría a Rodríguez y le autorizaba a usarlo, divulgando su contenido «entre más de 100 periodistas» con la anotación de que el acuerdo que supuestamente ofrecía la Fiscalía se había detenido por «órdenes de arriba». La fiscal resaltó que el propio ‘MAR’ admitió que «no tenía ningún contraste, que era una mera deducción que había hecho».
Además, la teniente fiscal argumentó que la pieza de ‘El Mundo’ no solo recogía ese segundo correo electrónico de 12 de marzo, sino que también incluía «párrafos enteros» de la propuesta de conformidad que había adjuntado la defensa de González Amador al famoso correo del 2 de febrero. Por todo lo anterior, Sánchez Conde consideró acreditado «indubitadamente» que «varios periodistas» estaban «hablando» de la existencia de dos correos relativos a la pareja de Díaz Ayuso antes de que García Ortiz llegara a ser consciente de que existían.
Un «borrado legítimo»
Por otro lado, Sánchez Conde criticó el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señala una «participación preeminente» de García Ortiz en la supuesta revelación, basándose en las comunicaciones de aquella noche que se han conocido a través del móvil de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid. También dedicó gran parte de su exposición a analizar la resolución por la que el juez instructor, Ángel Hurtado, ha acercado a juicio al fiscal general para poner de relieve sus «errores» o «lapsus».
Punto por punto, cargó contra los indicios apreciados por el magistrado, especialmente en «el borrado» que realizó García Ortiz de sus chats de WhatsApp, porque, según comentó, «aparte de legítimo, no ha tenido ninguna trascendencia en esta causa».
