La directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo, ha subrayado la importancia de reforzar la seguridad jurídica en el urbanismo y promover reformas que favorezcan el desarrollo urbano y la vivienda. Sus declaraciones se produjeron durante la clausura de las XV Jornadas tituladas «La especialización de la justicia del siglo XXI. El papel de los arquitectos», un evento organizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en colaboración con el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), que tuvo lugar en Burgos.
Estas jornadas han contado con la participación de numerosos profesionales de la judicatura y la arquitectura, donde Pardo se refirió al rol fundamental que desempeñan las administraciones en la mejora de la seguridad jurídica en el ámbito urbanístico. Se abordaron diversas ponencias centradas en los efectos adversos que la anulación judicial de planes urbanísticos puede generar, así como los problemas asociados a las demoliciones en el contexto del urbanismo.
En este contexto, la directora citó la necesidad de reformar la legislación urbanística estatal vigente. Recordó que el 31 de enero de 2025 se registró en el Senado un Proyecto de Ley que incluye medidas administrativas y procesales dirigidas a garantizar la seguridad jurídica en la ordenación territorial y urbanística, además de fomentar el desarrollo urbano y la vivienda. Este proyecto propone soluciones innovadoras que ya cuentan con el respaldo de jueces y magistrados.
Pardo destacó que esta nueva perspectiva limitante busca acotar el ejercicio de la acción pública urbanística para evitar abusos, así como plantear la modificación del régimen de silencio en la concesión de licencias. También se prevé abordar la continuación del procedimiento urbanístico en caso de no obtener informes sectoriales, entre otras cuestiones. Estas medidas son consideradas esenciales para reforzar el sector de la construcción en el país y para estimular la inversión.
Finalmente, la directora hizo hincapié en la modificación propuesta en relación a la ocupación ilegal de viviendas, añadiendo que “no hay ordenamiento jurídico más inseguro que el que no protege al propietario”.
Para apoyar la realización de estas jornadas, la Junta ha concedido una subvención de 14.000 euros al Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este.
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