El Juzgado de lo Contencioso 6 de Murcia ha rechazado la suspensión cautelar del acuerdo que adoptó el Pleno del Ayuntamiento de Jumilla en julio de 2025, donde se aprobó una moción del Grupo Municipal Mixto (Vox) que limitaba el uso de las instalaciones deportivas.
Detalles de la moción
La moción abordaba la ‘Defensa de los usos y costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas como la Fiesta del Cordero’ y proponía la modificación del Reglamento de uso y funcionamiento de instalaciones deportivas municipales. La Abogacía del Estado, en representación de la Delegación de Gobierno en la Región de Murcia, había solicitado la medida cautelar y presentó un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del 28 de julio de 2025.
Argumentos presentados
El acuerdo aprobado instaba al equipo de Gobierno a iniciar los trámites necesarios para modificar el reglamento, limitando el uso de las instalaciones exclusivamente para fines deportivos y actividades organizadas por el Ayuntamiento, excluyendo actividades culturales, sociales o religiosas ajenas.
La Administración recurrente sostenía que se daban los requisitos para la suspensión del acuerdo, afirmando que la limitación del uso de instalaciones deportivas a actividades municipales podría restringir el derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana. Argumentaba que esta medida podría utilizar la competencia municipal para fines ideológicos ajenos al interés general, incurriendo en desviación de poder.
Además, mencionó que la comunidad musulmana había utilizado pacíficamente el pabellón municipal para festividades como el Eid al-Fitr y el Eid al-Adha, y que impedir este uso sin razones de orden público podría tener consecuencias negativas para la convivencia en la localidad.
Decisión del Juzgado
En su resolución, el Juzgado recordó que, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial sobre la apariencia de buen derecho, no era posible suspender el acto recurrido basado en la vulneración del derecho a la libertad religiosa o la desviación de poder. Esto, argumentó, debía ser analizado y resuelto en sentencia posterior.
También concluyó que el acuerdo no era un acto administrativo efectivo sobre terceros, sino una moción política sin efectos jurídicos resolutorios. Afirmó que lo acordado no era más que una solicitud para iniciar trámites cuya materialización no se podía prever.
El auto no es firme y se puede presentar recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.
