El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli, espera que dicho tribunal, creado para juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado colombiano, cierre en 2026 los once macrocasos abiertos. Ramelli augura que en algunos de estos casos habrá «una cantidad de sentencias impresionante».
En una entrevista con EFE, Ramelli manifestó que uno de los logros más significativos de su primer año de gestión, tras asumir en noviembre de 2024, han sido las condenas a penas restaurativas – que no implican cárcel – emitidas en septiembre contra siete integrantes del último mando de las FARC por los secuestros perpetrados por esa guerrilla, así como contra doce exmilitares por asesinatos de civiles, conocidos como ‘falsos positivos’.
Avances en los macrocasos
«Igualmente seguimos avanzando para el cierre de los otros macrocasos», expresó el magistrado. Los procesos abarcan delitos como el reclutamiento de menores, crímenes no amnistiables cometidos tanto por las FARC como por la fuerza pública y agentes del Estado asociados con paramilitares, violencia de género y sexual, el exterminio del partido de izquierdas Unión Patriótica, crímenes contra pueblos étnicos y violaciones a los derechos humanos de comunidades territoriales.
Próximas sentencias
Ramelli señaló que para el próximo año, espera que vengan más sentencias, tanto en el ámbito adversarial (con penas de cárcel para quienes no colaboran con la justicia) como en el restaurativo, un beneficio al que pueden acceder quienes contribuyen al esclarecimiento de la verdad.
En el Caso 01, que trata sobre «toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC», se emitió hace dos meses la primera sentencia a penas alternativas de ocho años de restricción efectiva de sus derechos. «Contra el antiguo Secretariado vendrán otras sentencias contra los mandos medios. No es que el caso haya terminado», añadió.
En el Caso 03, hubo una primera sentencia, “solamente contra doce integrantes del Batallón La Popa, pero viene una cantidad de sentencias impresionante”, indicó Ramelli, al referirse a los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
Una tarea de 20 años
La JEP, creada por el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno de Colombia y las FARC, comenzó sus trabajos el 15 de marzo de 2018. Así, transcurridos siete de los 20 años por los que estará vigente, han surgido críticas por la demora en la emisión de sentencias.
«Obviamente, la idea es culminar lo antes posible esa labor de la sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas para que el tribunal emita las sentencias, bien sea por la vía restaurativa o por la vía adversarial», explico el presidente de la JEP.
Entre los otros nueve macrocasos abiertos, el magistrado afirma que «tienen que salir diferentes sentencias» ya que los procesos están avanzados y “algunos ya están ante el tribunal”, que es la instancia que las emite. Destacan aquellos que tratan sobre «asuntos territoriales», como el Caso 05, que investiga hechos de violencia de las FARC en el norte del departamento del Cauca y el sur del Valle del Cauca, donde la violencia persiste a pesar de la firma de la paz.
Otros casos destacados
El magistrado menciona que “ese caso está muy avanzado, y también el Caso 02, en el que ya están imputados exmiembros de las FARC por los crímenes cometidos contra la población indígena awá en Nariño”. Además, está el caso de la región de Urabá, limítrofe con Panamá, que es considerado “bastante grande” y, en el Caso 07, por “reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado”, donde los responsables ya tienen la imputación de cargos.
En noviembre de 2024, la Sala de Reconocimiento imputó a seis exintegrantes del último mando de las FARC como máximos responsables del reclutamiento de 18.677 menores entre 1971 y 2016. «Son más de 18.000 reclutados por las FARC, más todo el tema de las violencias basadas en género», destacó Ramelli, quien también comentó que la sala está evaluando la validez del reconocimiento parcial que hicieron los antiguos integrantes del Secretariado.
Asimismo, «hay que terminar de cerrar el caso étnico, que es el 09; el caso de violencia sexual, que es el 11, y el caso 10 de otras violaciones al derecho internacional humanitario cometidas por la guerrilla».
Finalmente, Ramelli viajará esta semana a Europa para reunirse en París con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con representantes del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas en Ginebra y con la Corte Penal Internacional en La Haya, para discutir, entre otros temas, la posibilidad de que el sector privado ayude a financiar los trabajos de la JEP en Colombia.
