PAMPLONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) – La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha estimado parcialmente el recurso presentado por dos inmobiliarias y ha obligado al Gobierno foral a compensarlas con 14.718,58 y 1.803,70 euros por la paralización de sendos desahucios por motivos de vulnerabilidad social y económica, según ha informado el TSJN.
Las agencias impugnaron la orden foral nº 37E/2024, de 15 de marzo, de la consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, la cual desestimó tres recursos de alzada presentados frente a resoluciones de marzo de 2023 que rechazaban las solicitudes de compensación de rentas.
En síntesis, la Administración foral argumentó que las solicitudes de compensación de rentas se enmarcan en la posibilidad prevista por el Real Decreto Ley 37/2020, de 22 de diciembre, que establece medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.
Con ocasión de la suspensión de tres desahucios, las sociedades demandantes presentaron reclamaciones que fueron rechazadas por la falta de inclusión de medidas en los tres informes sociales. Dichos dictámenes se limitaron a describir la situación de las personas arrendatarias.
Por ello, solicitaron tres compensaciones por importe de 14.718,58; 7.168,63 y 1.803,70 euros. Para los recurrentes, la argumentación de la Administración «es injusta y se agarra a la literalidad de una parte de la normativa»; la existencia de perjuicio es clara y no controvertida, aduciendo que la situación es «propia del esperpento».
Por su parte, la Comunidad foral se opuso, argumentando que no se trata de una cuestión de justicia o interpretación restrictiva, sino de la inexistencia de los requisitos legales, que son distintos a los exigibles para la suspensión.
Al respecto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN explicó que «nos encontramos ante una situación en que el arrendador de una vivienda se ve obligado por ministerio de la ley a mantener en su propiedad a un arrendatario vulnerable, tras la suspensión del lanzamiento por dicha causa, por lo que la ley le atribuye una compensación».
Asimismo, subraya el Tribunal que «no cabe aceptar que sea la propia Administración, con su falta de actividad, la que deniegue la compensación exigida».
Por último, los magistrados mencionan que, «sin perjuicio de la posibilidad de instar una acción de responsabilidad patrimonial por la Comunidad foral o por otros sujetos contra la Administración local debido a la omisión de medidas en los informes de vulnerabilidad, la falta de consignación expresa de medidas concretas en los informes de Servicios Sociales, donde la necesidad tácita de una alternativa habitacional es evidente, no puede servir a la Administración autonómica para eludir su deuda de compensación».
De las tres compensaciones de renta por los desahucios paralizados, la Sala desestima una de las reclamaciones, la correspondiente a 7.168,63 euros, dado que en los informes de servicios sociales relacionados se puede deducir la necesidad tácita de una alternativa habitacional.
