VALLADOLID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) – La sociedad de Castilla y León enfrenta un proceso de fragmentación social con una clase media en retroceso, lo que ha llevado a muchas familias a descender a estratos inferiores. Esta situación ha resultado en un alarmante total de 352.000 personas en exclusión, según el informe de la Fundación FOESSA para Cáritas.
El informe fue presentado este lunes por Guenther E. Boelhoff, presidente de Cáritas; Enrique Cabero, presidente del Ces de Castilla y León; y Pedro Fuentes, sociólogo del equipo de estudios de la Fundación FOESSA. En él se revela que, a pesar de la mejora económica de los últimos años, esta no ha sido suficiente para revertir los efectos de la pandemia en los niveles de integración social en la región.
«De las crisis no se sale más fuerte, eso no es cierto; las crisis erosionan y dejan cicatrices», defendió Boelhoff, subrayando que la supuesta «bonanza económica» no refleja la realidad social que actualmente se vive, caracterizada por la «pérdida de derechos, precariedad laboral, falta de acceso a la vivienda y deterioro de la salud física y emocional».
Boelhoff también consideró que, si se mantienen las actuales políticas, no se puede esperar una mejora social, y abogó por «formas personalizadas de acompañamiento». Por su parte, Cabero pidió una estrategia específica para abordar la pobreza y la exclusión social, afirmando que «es un problema muy grave que debe situarse como máxima prioridad en las políticas públicas».
Datos alarmantes sobre integración social
Según los datos que proporcionó Pedro Fuentes, la integración plena ha disminuido hasta el 55,2% de la población, en contraste con el 59,8% registrado en 2018. En paralelo, la integración precaria ha aumentado al 29,9%, y la exclusión social ha alcanzado el 14,8%. A pesar de estos cifras preocupantes, Castilla y León todavía se presenta como un lugar más favorable en comparación con la media nacional, donde un 85,1% de la población está integrada frente al 80,7% en España, y con una menor incidencia de exclusión social (14,8% comparado con el 19,3%).
El sociólogo de FOESSA destaca que los principales problemas de la exclusión social son la vivienda y el empleo, y recalca que el informe expone un modelo social «agotado» donde crecen la desigualdad, la precariedad y la fractura social. Además, señala que la exclusión residencial sigue siendo la principal dimensión afectada en la región.
Problemas de vivienda y empleo específicos
El informe destaca que uno de cada cinco hogares (20,1%) y el 18,5% de la población sufre problemas relacionados con la vivienda, ya sea por sobrecoste, precariedad o condiciones inadecuadas de habitabilidad. Desde 2018, el precio medio de la vivienda ha subido un 31,5%, lo que ha incrementado diez puntos el porcentaje de población con gastos excesivos de vivienda, alcanzando el 18,4%.
La juventud se encuentra entre los colectivos más afectados, con una tasa de exclusión del 24,6% entre los menores de 30 años, cifra muy superior a la media general. Las dificultades de acceso al mercado laboral, la inestabilidad del empleo, los salarios insuficientes y la falta de vivienda asequible son los principales factores que contribuyen a esta situación.
Exclusión en la infancia y problemas de salud
La exclusión en la infancia alcanza el 24%, contrastando con el 3% de los mayores de 65 años, lo que está muy por debajo de la media nacional del 10%. Además, se ha observado un notable deterioro en la exclusión sanitaria. Más de 260.000 personas en Castilla y León han tenido que renunciar a la compra de medicamentos, prótesis, o al seguimiento de tratamientos médicos y dietas por razones económicas. En total, el 11,2% de la población enfrenta dificultades económicas que afectan directamente a su salud, lo cual representa un aumento de tres puntos y medio desde 2018.
Finalmente, el informe advierte que estas carencias no solo limitan el bienestar físico, sino que también agravan la vulnerabilidad social y la capacidad de mantener tratamientos esenciales o gestionar enfermedades crónicas.
