BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) – La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha anunciado que en el 90% de los 1.064 pisos que el Govern ha previsto adquirir a InmoCaixa, por un valor de 87,2 millones de euros, ya residen inquilinos que están pagando un alquiler asequible, dado que se trata de viviendas de protección oficial (VPO).
Durante una atención a los medios en la sede de la Conselleria, Paneque calificó como una buena noticia el anuncio realizado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Afirmó que la compra mediante el tanteo y retracto por parte de la administración es una «vía más rápida» para ampliar el parque de vivienda protegida en comparación con la construcción de nuevos edificios.
«Es rápida; de parque que podría perder la protección lo pasamos a protección permanente. Lo hacemos a un ritmo más rápido que el de la construcción, que es más lento, y lo hacemos a precios que están por debajo de lo que implicaría construir», agregó Paneque.
Por municipios
El president Illa dio a conocer la compra de más de 1.000 viviendas, cifra que Paneque precisó: serán 1.064. Este número podría incrementarse hasta cerca de 1.100 si no se concretan algunas operaciones que InmoCaixa ha iniciado con inquilinos para adquirir los inmuebles.
Con esta compra, la Generalitat habrá adquirido todos los activos que InmoCaixa tenía en Cataluña, tras una compra anterior de tres lotes de 866 viviendas. En total, el Ejecutivo habrá adquirido cerca de 2.000 inmuebles a InmoCaixa.
En la provincia de Barcelona, se adquirirán, por municipios, 182 viviendas en Barcelona, 81 en Cornellà de Llobregat, 112 en l’Hospitalet de Llobregat, 61 en Mataró, 19 en Montornès del Vallès, 118 en Sant Just Desvern, 109 en Sentmenat, 186 en Sitges, 75 en Terrassa, 41 en Tordera y 9 en Sabadell; mientras que en Lleida se adquirirán 49, en Tarragona 6 y en Olot (Girona) 16.
Pérdida de protección
Paneque también enfatizó que estos inmuebles perderían progresivamente, entre 2035 y 2042, su carácter de VPO. Con esta compra, se garantiza no solo el aumento del parque de vivienda protegida, sino también que esta protección se mantenga «ad eternum».
Además, como en estas viviendas residen actualmente inquilinos que pagan alquileres protegidos, existía la inquietud de que al finalizar estos contratos, los inquilinos podrían no ser renovados y, por ende, perder sus hogares.
