El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha designado un juzgado de instrucción de Tafalla (Navarra) para cumplir con la medida cautelar de firmar cada quince días, tras haber sido denegada su solicitud para hacerlo en el juzgado de paz de Milagro, su localidad natal. Este cambio se produjo luego de que el Tribunal Supremo (TS) le aconsejara elegir un juzgado de instrucción para cumplir con la medida cautelar impuesta por el instructor del ‘caso Koldo’, Leopoldo Puente.
De acuerdo con fuentes jurídicas, Cerdán comunicó al Supremo su decisión de designar el nuevo juzgado. En la diligencia respondida por el TS, se explicó que el juzgado de paz de Milagro no es un tribunal de instancia, lo cual era un requisito establecido por el instructor en el auto de libertad. El ex ‘número tres’ del PSOE tuvo que proceder a designar un juzgado de instrucción, que es actualmente considerado tribunal de instancia, ante el que realizar las comparecencias «apud acta» acordadas.
Puente había puesto en libertad a Cerdán el 19 de noviembre, después de haber permanecido 4 meses y 20 días en prisión provisional debido a su presunto «papel principal» en una trama de adjudicación de obra pública a cambio de comisiones, que está siendo investigada por el Supremo. Sin embargo, el magistrado impuso medidas cautelares como la prohibición de salida del país y la firma quincenal en sede judicial, ante la existencia de fuertes indicios en su contra.
Cerdán había estado recluido en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde el 30 de junio, enfrentándose a acusaciones por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Sus abogados, Benet Salellas y Jacobo Teijelo, solicitaron su liberación en hasta cinco ocasiones, pero tanto el instructor como la Sala de Apelación se oponían a ello. En los últimos meses, el magistrado había indicado en sus resoluciones que Cerdán no agotaría el plazo legal de seis meses para la prisión provisional, el cual se cumpliría el 30 de diciembre.
Antes de permitir su salida de prisión, Puente advirtió que era necesario que los investigadores aseguraran las pruebas que pudieran peligrar, una consideración que parece haber sido atendida. La decisión de liberar a Cerdán se tomó tras recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el 11 de noviembre, que abordaba las relaciones entre Acciona y Servinabar, la empresa en la que Cerdán poseería el 45%.
Este informe reveló que Servinabar recibía el 2% de lo que Acciona cobraba por las obras públicas obtenidas. Además, pone de manifiesto que Cerdán y su familia se beneficiaron del dinero generado por la sociedad navarra a través del cobro de nóminas, el alquiler de dos pisos en Madrid, incluida su vivienda familiar, así como mediante una tarjeta de crédito que utilizaban para múltiples gastos en comidas y otras compras.
