El Pleno del Parlamento de Andalucía ha dado luz verde al proyecto de Ley de Vivienda, un texto que salió del Consejo de Gobierno el 10 de septiembre. Este martes, la normativa fue aprobada únicamente con los votos favorables del Grupo Popular, mientras que Vox y los grupos de la izquierda, incluidos los Socialistas, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, se opusieron a la iniciativa. Previamente, el 8 de octubre, las enmiendas a la totalidad presentadas por estos grupos también fueron rechazadas.
La nueva ley consta de 117 artículos, organizados en ocho títulos, y incluye siete disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y ocho disposiciones finales. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, señaló en su intervención que «el texto que hoy se somete a su aprobación es un texto mejor porque ha salido de la escucha y el debate sereno». Además, el Gobierno andaluz subrayó que el objetivo de esta ley es «poner todos los medios a nuestro alcance para facilitar suelo» y afirmó que la política pública de vivienda «no es un campo de batalla ideológico», sino un «derecho».
Áreas Prioritarias
Entre las nuevas medidas, la Ley de Vivienda de Andalucía identifica áreas prioritarias, es decir, aquellas zonas donde se evidencian mayores dificultades para acceder a la vivienda. En estas áreas se concentrarán los recursos administrativos, bajo la forma de ayudas al alquiler, subsidios para la compra o incentivos para la construcción de nueva vivienda y su rehabilitación.
Asimismo, el Gobierno andaluz promueve la colaboración público-privada en diversas modalidades, tales como concesiones y subvenciones, para alcanzar el objetivo de aumentar el parque de vivienda a precios asequibles. La ley busca «optimizar la gestión del parque residencial», mediante la creación de un inventario único de viviendas públicas, que incluya propiedades de la Junta de Andalucía, de ayuntamientos y de promotores privados.
Además, la ley prevé la creación de una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía. Este organismo se enfocará en incentivar la industrialización en la construcción de viviendas y en impulsar iniciativas de rehabilitación, así como en la reconstrucción de barriadas y la eliminación de infraviviendas.
Otra de sus metas es garantizar un uso adecuado del parque residencial, con el fin de prevenir la ocupación ilegal y la sobreocupación, a la vez que se protege a los más vulnerables. La nueva legislación también establece mecanismos para el asesoramiento y la información relacionada con desahucios y ocupación, dentro de sus competencias.
La Ley de Vivienda incorpora distintos elementos urgentes de un decreto ley ya vigente, excepto aquellos que son de carácter temporal -con un periodo de cinco años-, como la posibilidad de aumentar la densidad y la edificabilidad en parcelas, siempre que haya un compromiso para que estas sean protegidas.
Con el Decreto-ley 1/2025, el Gobierno andaluz ha planteado un futuro en el que se pueda construir viviendas asequibles, basándose en las bolsas de suelo ofrecidas por los municipios con más de 100.000 habitantes. Actualmente, se han inscrito 49 municipios para el cambio de uso del suelo, destinado a la construcción de viviendas protegidas, señalando que «hay suelo para construir casi 40.000 viviendas».
El Decreto-ley 1/2025 establece un plazo de un año, que finalizará en febrero de 2026, para que los municipios puedan acogerse al cambio de uso de suelo en parcelas urbanizadas con destino a viviendas. Asimismo, la Junta de Andalucía está trabajando en un portal informático sobre las bolsas de suelo para vivienda protegida.
En el marco de la simplificación administrativa, la Junta también defiende la contribución de la Ley de Vivienda a través de la derogación de cuatro leyes: la Ley de la Vivienda Protegida en Andalucía de 2005, la Ley del Derecho a la Vivienda de 2010, la Ley de Función Social de la Vivienda de 2013 y la Ley de Tanteo y Retracto de 2018.
Las Reacciones de los Grupos
El diputado del PP, Antonio Saldaña, expresó su «sensación dulce» tras el debate, destacando que se ha «disfrutado de la mejor política» y que es necesario «construir entre todos un futuro mejor». No obstante, criticó a los grupos de la oposición, argumentando que «el tacticismo ha pesado más que la buena política» y asegurando que estos «han perdido una oportunidad de ser partícipes del éxito que alcanza Andalucía».
Por su parte, la diputada socialista Verónica Pérez hizo hincapié en la paradoja de que, mientras el acceso a la vivienda es «un derecho», se ha convertido en uno de los principales problemas para los andaluces. Destacó que el precio de la vivienda en la comunidad ha alcanzado «récords históricos», con un incremento del 55% en la compraventa durante los últimos siete años, lo que supera en ocho puntos la media nacional, y un aumento del 60% en el precio del alquiler, quince puntos más que la media nacional. Esto lleva a concluir que aunque la vivienda ha subido en toda España, «en Andalucía lo ha hecho más».
Desde el grupo Vox, su portavoz adjunto, Ricardo López Olae, manifestó que «no creemos en esta ley», argumentando que «no es lo que nosotros proponemos» y advirtiendo al PP que «llevan siete años gobernando». Consideró que la norma «no va a solucionar» el problema de vivienda, afirmando que «no es la ley que necesita Andalucía».
El diputado del Grupo Por Andalucía, José Manuel Gómez Jurado, calificó la aprobación de la ley como «estar al final de este despropósito» y consideró que la luz verde de la Cámara «es un mal día para la mayoría social de Andalucía», aludiendo a que se trata de «la guinda del pastel a una política de vivienda nefasta que ha drenado el parque público de vivienda y no ha aumentado los derechos de los inquilinos».
Finalmente, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, sustentó que el texto legal refleja «las diferentes formas de ver el mundo y las diferentes prioridades políticas», concluyendo que «esta ley es un error político porque no trae nada nuevo» y que «ahonda en el modelo que causa los gravísimos problemas de vivienda que tenemos en Andalucía y en el Estado».
