Archivo – La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León – GOBIERNO DE CANARIAS – Archivo
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Dic. (EUROPA PRESS) – La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha recibido amenazas y ataques contra su casa y vehículo debido a la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, también conocida como Ley de Alquiler Vacacional, que fue aprobada por el Parlamento regional el pasado 12 de noviembre.
Así lo ha denunciado este miércoles el vicepresidente canario y consejero de Economía, Manuel Domínguez, en unas declaraciones a Radio Sintonía Fuerteventura. Domínguez indicó que este es un asunto que a la propia consejera no le gusta que se sepa. «Sé que no le gusta que esto lo cuente, pero tengo que denunciarlo. Lo hemos denunciado donde hay que hacerlo, lógicamente, y la Policía ha estado atenta a toda la situación porque no ha sido un caso aislado», comentó.
El vicepresidente hizo hincapié en que incluso se han recibido amenazas deseando la muerte tanto de la consejera como del presidente, Fernando Clavijo. «Y esto es lo que hemos recibido, pero, ¿por qué? Porque el egoísmo, el personalismo y el ‘qué hay de lo mío’ es lo que ha prevalecido en situaciones como esta», reflexionó.
Domínguez, quien también es presidente del PP de Canarias y compañero de partido de De León, sintió la necesidad de denunciar esta situación públicamente, afirmando que «no es de recibo». Destacó que los políticos pueden equivocarse, pero que el único objetivo del Gobierno regional ha sido «ayudar» a la ciudadanía y poder «reorganizar» la primera fuente de ingresos del archipiélago, que es el turismo.
Ley aprobada con el rechazo de la oposición
Por su parte, el Parlamento de Canarias aprobó el pasado 12 de noviembre la ley que regula el alquiler vacacional con el rechazo de los grupos de la oposición – PSOE, NC-bc y Vox – que, además, vetaron el debate de 24 enmiendas ‘in voce’ planteadas por los grupos del cuatripartito.
La consejera de Turismo, Jessica de León, admitió que ha sido una norma «difícil de interiorizar, difícil de explicar y difícil de gestionar» durante su tramitación. Valoró la acción de CC, PP, ASG y AHI por «estar al servicio del interés general y no ser rehén en este Parlamento del tacticismo político».
En Canarias, el 44,6% de las viviendas vacacionales están en manos de personas físicas, mientras que el 55,3% de ellas y el 55,5% de las plazas son gestionadas por entidades o propietarios extranjeros. Esto implica que no son pequeños propietarios locales quienes controlan estos inmuebles.
Por esta razón, con la nueva norma no se podrán establecer nuevas viviendas vacacionales durante un periodo de cinco años, hasta que los ayuntamientos cuenten con un planeamiento municipal que las habilite expresamente. Estos podrán decidir cómo, dónde, cuándo y cuántas viviendas vacacionales se permitirán en su municipio, garantizando siempre que estas decisiones no afecten la calidad de vida de los residentes.
Con esta legislación, el 90% de las viviendas deberán destinarse a uso residencial, mientras que solo el 10% podrán ser de uso vacacional. Los ayuntamientos tendrán un plazo de seis meses para implementar el plan de inspección correspondiente.
A partir de ahora, las Viviendas de Protección Oficial (VPO) no podrán destinarse al uso turístico. Además, otra de las grandes novedades de la nueva ley autonómica es que prohíbe los pseudohoteles, que son edificios en los que todas las viviendas son vacacionales de un gran tenedor.
Asimismo, la norma establece que las nuevas viviendas no podrán destinarse al uso turístico hasta que transcurran diez años desde su construcción.
