PALMA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) – El Govern ha trasladado al sector ganadero y a la ciudadanía un mensaje de serenidad respecto a la peste porcina africana (PPA). Además, ha recordado que tanto Baleares como el conjunto del Estado tienen activados todos los mecanismos de vigilancia necesarios y disponen de las herramientas para actuar.
Desde la Dirección General de Agricultura, Pesca y Medio Natural, se ha enfatizado que la peste porcina es una enfermedad que no afecta a los seres humanos, ni por el contacto con animales ni por el consumo de carne o productos derivados. El director general del ramo, Fernando Fernández, ha destacado que las autoridades catalanas están realizando «una labor encomiable», añadiendo que, por el momento, el brote se circunscribe a la zona perimetrada inicialmente, afectando solo a jabalíes.
Fernández ha subrayado: «No hay ninguna explotación de porcino afectada y, cada día que pasa, la información que nos llega de Cataluña y del Ministerio refuerza estas ideas. No hay peste porcina en ninguna otra zona y, por supuesto, tampoco en Baleares».
INSTRUMENTOS DE VIGILANCIA
Entre los instrumentos disponibles para afrontar crisis sanitarias como la actual, Fernández ha detallado que, desde 2018, la Dirección General cuenta con un plan de alertas de sanidad animal que se revisa periódicamente. A nivel estatal, existe el Programa Nacional de Vigilancia de la Peste Porcina Africana, que se modifica y aprueba anualmente por el Ministerio y las comunidades autónomas, estableciendo el número de controles a aplicar en cada territorio.
En la actualidad, se está aplicando el plan establecido para 2025. Además, la Dirección General ha elaborado un protocolo de actuación frente a la PPA, que se está aplicando a raíz del brote detectado en Cataluña. Cada año, incluida la planificación para 2025, se ha completado la vigilancia prevista en la normativa estatal.
Concretamente, se han inspeccionado y muestreado siete explotaciones, el número asignado a Baleares según los criterios de riesgo epidemiológico fijados por el Ministerio. Se han analizado 673 muestras, recogidas en marzo y noviembre, todas ellas resultando negativas, incluyendo las serologías que permiten detectar si ha habido anticuerpos y, por lo tanto, un contacto previo con el virus.
Este dispositivo para 2025 forma parte de un seguimiento continuo que ha mantenido el territorio libre de la enfermedad durante los últimos años. En 2023, se realizó un muestreo intensivo en las Islas que sumó 731 análisis, recogidos en los periodos de máxima dispersión epidemiológica, sin mostrar rastro de circulación del virus.
Asimismo, en 2024 se mantuvo un nivel de vigilancia comparable, con un volumen de muestras similar a años anteriores y, nuevamente, los resultados fueron negativos. En total, más de 2.100 muestras analizadas en tres años confirman la solidez del sistema autonómico de vigilancia y su capacidad para detectar de forma precoz cualquier riesgo, según destaca la Conselleria.
La situación epidemiológica europea, marcada por la detección reciente de un foco en Cataluña, ha hecho necesario reforzar este año el Protocolo Autonómico frente a la PPA. Para elaborar este documento, la Dirección General tiene geolocalizadas todas las explotaciones de Baleares y, de acuerdo con un manual técnico del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), identifica las explotaciones de mayor riesgo, actualiza encuestas de bioseguridad y establece controles más estrictos sobre los movimientos de animales hacia Baleares.
Se intensifica también la coordinación entre todos los servicios implicados, definiendo con mayor precisión los circuitos de actuación en caso de sospecha. Según Fernández, estas actuaciones demuestran que la respuesta frente a la PPA no es nueva ni improvisada: «Baleares se coordina en el marco de los programas estatales, cumple con lo que le corresponde y lleva años preparada», ha afirmado.
Frente al brote en Cataluña, el director general menciona la necesidad de reforzar el dispositivo por prudencia y en función de la situación epidemiológica europea. Ha recordado que todas las explotaciones tienen la responsabilidad y la obligación legal de contar con planes de bioseguridad y de cumplir las medidas que estos establecen.
No obstante, la Dirección General busca facilitar su aplicación, controlando y asistiendo, pero también exigiendo su cumplimiento. Por ello, el protocolo de actuación prevé repetir las encuestas de bioseguridad en las explotaciones de mayor riesgo, permitiendo evaluar los puntos débiles y aplicar las medidas necesarias para corregirlos.
