PALMA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) – El departamento de Turismo del Consell de Mallorca ha implementado un nuevo procedimiento que permitirá cesar de inmediato la actividad de la oferta turística ilegal antes de que la sanción adquiera firmeza. Esta figura, denominada Declaración de Ilegalidad Abreviada (DIA), permitirá cerrar establecimientos turísticos ilegales en un plazo estimado de entre seis y diez meses desde la detección de la ilegalidad.
La resolución de cese de la actividad será comunicada a plataformas como Airbnb o Booking, las cuales deberán eliminar el anuncio de forma inmediata. En caso de que los inspectores verifiquen que la actividad continúa tras esta resolución, se impondrán multas coercitivas reiteradas hasta el cumplimiento. Si la infracción persiste, el expediente se trasladará a la Fiscalía por un presunto delito de desobediencia a la autoridad.
Este nuevo proceso se llevará a cabo de manera paralela al procedimiento sancionador, que continuará su curso ordinario para fijar la multa económica correspondiente a la infracción. La división de este proceso en dos vías, según ha indicado la institución insular en un comunicado, permitirá acortar significativamente los plazos que, hasta ahora, podían extenderse hasta 24 meses debido a la interposición de recursos. Durante este tiempo prolongado, el supuesto infractor podía seguir operando con normalidad.
«La prioridad es perseguir y limpiar el mercado para proteger la convivencia y al sector reglado», ha afirmado el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, al referirse a este «cambio estructural» en la lucha contra la oferta ilegal, un esfuerzo que ha requerido un año y medio de trabajo. Rodríguez sostiene que, al eliminar la competencia desleal «de forma efectiva y rápida», el Consell de Mallorca reforzará «la calidad del destino y la seguridad jurídica».
Por último, el conseller ha enfatizado que «el mensaje es claro: quien opera con una Driat falsa o sin licencia pasa automáticamente a ser considerado oferta clandestina, enfrentándose a un cierre ejecutivo que ya no entiende de dilaciones burocráticas».
