La Delegación del Gobierno en Madrid celebra el 47º aniversario de la Constitución Española – A. Pérez Meca
MADRID, 5 dic. (EUROPA PRESS) – La Delegación del Gobierno en Madrid ha reivindicado este viernes, en su acto por el 47 aniversario de la Constitución Española, la universidad pública, entre críticas veladas a la Comunidad, tanto por su gestión de los servicios públicos como por no haber invitado, un año más, a ningún representante del Ejecutivo central al homenaje a la Carta Magna celebrado en la Real Casa de Correos.
Las Escuelas Pías de la UNED han sido el escenario elegido por la Delegación para esta ocasión, tomando el relevo de la Galería de las Colecciones Reales, que acogía el acto del año pasado, siendo esta la primera ocasión en que la Administración central y el Gobierno autonómico celebraban eventos separados tras no cursar invitación la Puerta del Sol.
En 2024, los actos de la Puerta del Sol y la Delegación no coincidieron, lo que facilitó que los partidos de izquierdas acudieran a ambas convocatorias. Al delegado lo han acompañado, además del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, alcaldes como el de Parla o Velilla de San Antonio y miembros tanto de Más Madrid como del PSOE, pero no las portavoces, que asistieron al de la Comunidad.
Esta fractura marcaba el acto incluso antes de comenzar. Torres expresó ante los medios de comunicación que era «lamentable» que no se les invitara a un homenaje a una Constitución que disfrutó de un amplio consenso.
Por su parte, Martín lamentó no poder «compartir este día» como hubiera querido, como «siempre se había realizado, con el resto de las instituciones madrileñas». «Desafortunadamente hay quien ha decidido vetar y silenciar la voz del Gobierno de España en Madrid y ante esa decisión, nosotros desde luego hemos optado por generar este acto un año más», subrayó Martín.
Críticas a la Infrafinanciación
El inicio del acto fue interrumpido por una ‘performance’ en la que un grupo de actores entró en la sala gritando ‘universidad pública’, ‘libertad sexual’ o ‘tu cuerpo no es tu cárcel’, mientras llenaban el aire de cuartillas que replican las de los movimientos asociativos del final de la dictadura. De hecho, subieron al escenario y simularon una asamblea por la lucha de los derechos de mujeres, personas LGTBI o trabajadores.
Esta representación de la lucha por la universidad pública dio paso al delegado del Gobierno, quien comenzó destacando a las Escuelas Pías como símbolo de la «unión entre libertad, igualdad y conocimiento» y a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) como representante de los valores constitucionales.
«Es preciso a la par que preocupante recordar que, sin duda, la Educación Pública es el mayor ascensor social que hemos tenido en nuestra historia democrática», planteó Martín, quien se mostró orgulloso de la apuesta del Gobierno de España por la universidad pública.
Afirmó que la universidad pública madrileña enfrenta «amenazas reales» como la «infrafinanciación asfixiante» y la «creación acelerada de pseudo universidades privadas de calidad dudosa». «No podemos consentir que nadie pretenda hacer de la educación superior un mercado y no un derecho», advirtió.
Además de criticar de forma velada la futura Ley de Universidades de Ayuso, Martín cuestionó su gestión sanitaria, especialmente en relación al Hospital Universitario de Torrejón y Ribera Salud, afirmando que «no es defender la Constitución, es debilitar la sanidad pública para engordar la cuenta de resultados de una empresa».
Memoria y Real Casa de Correos
El siguiente punto de choque fue la memoria. Martín insinuó que los manifestantes que representaban los actores hace 50 años habrían acabado en la Dirección General de Seguridad (DGS) de la Real Casa de Correos. Así, dirigió una crítica a la Comunidad de Madrid y al choque con el Gobierno central por no querer reconocer el inmueble como Lugar de Memoria Democrática, algo aprobado por el Ejecutivo central.
Además, cargó, sin nombrarla, contra Ayuso, tachándola de «insumisa» por no acatar las leyes, mencionando también la de Memoria y la de Vivienda en un Madrid donde se «ha convertido en un lujo». Martín afirmó que cumplir las normas es una «obligación» que incumbe a todos «también a los gobiernos autonómicos, y más a sus presidentes y presidentas». «Quizás, en realidad, lo que no querían hoy en la Puerta del Sol era escuchar este recordatorio tan constitucional», enfatizó.
Martín también afirmó que negarse a reconocer la historia es una «deslealtad con la verdad» hacia la Constitución Española y hacia aquellas personas que lucharon para que se pueda «votar, hablar y reunirse sin miedo». «Y Madrid no merece olvidar», concluyó.
Torres Reivindica la Ley de Memoria
Esta Ley también centró la intervención del ministro Ángel Víctor Torres, quien aseguró ver una «contradicción» en denominarse demócrata al tiempo que se critica la Ley de Memoria Democrática, reivindicando «adoctrinar» en democracia.
«Una persona que se considere demócrata y diga que esa ley y todos los actos que estamos realizando para celebrar los 50 años de libertad es un mal adoctrinamiento es una contradicción», planteó, añadiendo que la norma busca «reparar a las personas que se convirtieron en víctimas, perseguidas y asesinadas por defender la democracia ante un régimen totalitario».
Ángel Víctor Torres también lanzó un mensaje a aquellos que critican el «adoctrinamiento» de la Ley de Memoria, afirmando que lo que debería hacer «sonar las alarmas» a un demócrata sería que se «adoctrinara en valores antidemocráticos».
La Universidad Pública, «Brújula» de España
También tomó la palabra la secretaria general de la UNED, Elena Maculan, quien reivindicó la importancia de la universidad pública como «brújula» y lugar donde se desarrolla «el pensamiento crítico, la capacidad de tomar decisiones y de refutar las informaciones falsas y la pseudociencia». Pidió ser conscientes del valor del artículo de la CE que avala la educación y la necesidad de «protegerlo y defenderlo».
Más adelante, Lucía Llobell, portavoz del Consejo de Estudiantes de la Universidad Autónoma, reivindicó que «si la educación es un derecho, la universidad y la educación pública son los mecanismos» que permiten «hacer el futuro».
En este sentido, hizo hincapié en que el estudiantado no puede ignorar los desafíos del futuro, como la «infrafinanciación» de las universidades, «especialmente en algunas comunidades», que pone en riesgo «la calidad de la docencia, la investigación y la propia función social». Así, reivindicó que las movilizaciones estudiantiles de las últimas semanas no buscan «generar conflicto», sino llamar la atención sobre algo que debería ocupar «a todos».
Irene Valenzuela, investigadora ATRAE y formada en la pública, criticó que la universidad en la que comenzó a dar sus primeros pasos hoy no tiene «ni dinero para pagar las facturas». «Tenemos un sistema público educativo envidiable y ahora queremos destruirlo», expresó, al tiempo que clamó que en España no falta «talento», sino «recursos», y es «muy frustrante pensar cuánto más» se podría lograr.
Por su parte, el líder vecinal y exconcejal de Más Madrid, Félix López-Rey, instó a no permitir que, «en un retroceso imperdonable para una sociedad avanzada, la universidad se convierta en un espacio privativo alejado de las
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