El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz investiga posibles irregularidades en el fraccionamiento de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia gaditana. Para ello, ha solicitado un informe pericial a la Intervención General del Estado (IGAE), que debe incluir un análisis global e integral de la contratación menor fraccionada bajo sospecha de ilicitud y determinar el daño producido al erario público. La denuncia inicial proviene de Podemos Andalucía y se centra en fraccionamientos de contratos menores por un importe total de 235,4 millones de euros.
En una providencia dictada el pasado 4 de diciembre, el magistrado pidió que la IGAE analice todos los contratos objeto de investigación, incluyendo adendas, prórrogas y modificaciones, con el fin de identificar irregularidades conforme a los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía. El juez recordó que la Intervención del SAS solo hizo un análisis sobre una muestra y en la actualidad requiere un análisis amplio por parte de la IGAE, que garantiza el acceso a toda la documentación disponible en este caso.
Asimismo, el magistrado solicitó un análisis técnico de cada expediente administrativo sobre la legitimidad de la causa que habilita la contratación menor fraccionada, así como un examen del procedimiento administrativo seguido. También se requiere un análisis detallado de los precios resultantes de esta modalidad de contratación y su comparación con los precios que habrían resultado de seguir los procedimientos establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público, asegurando la debida publicidad y concurrencia.
Comparativa de Precios con Otras CCAA
El juez enfatiza la importancia de analizar los precios de contratación y ha solicitado a la IGAE que realice una comparación con otras comunidades autónomas, utilizando información disponible en los perfiles de contratantes de las Administraciones Públicas. Para ello, la IGAE tendrá acceso a la documentación relevante y se espera que recabe todos los datos y expedientes necesarios para elaborar el informe pericial.
A la IGAE también se le encargará un análisis técnico sobre la justificación de la prestación de los servicios contratados y abonados, así como la identificación de las fuentes presupuestarias utilizadas para financiar los importes de la contratación investigada. También se requiere un análisis financiero presupuestario que evalúe la adecuación de estos gastos a la normativa vigente, considerando las fases de autorización y aprobación del gasto público.
Finalmente, el magistrado solicitará a la IGAE que determine el daño potencial al erario público, basado en el análisis de las irregularidades en los expedientes estudiados. Esta providencia es susceptible de ser recurrida en reforma dentro de un plazo de tres días desde su notificación.
Cabe destacar que a finales de octubre, el juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz acordó prorrogar el plazo máximo de investigación judicial hasta el 2 de abril de 2026, a petición de ampliación presentada por la representación del PSOE, a la que se adhirieron Podemos y el Ministerio Fiscal, aunque con la oposición del resto de las partes implicadas.
