Un registro de licitadores es un instrumento oficial que recoge los datos de empresas y profesionales que desean participar en procedimientos de contratación pública y acredita su aptitud para contratar con administraciones como ayuntamientos, diputaciones o comunidades autónomas. Simplifica los trámites porque permite sustituir la presentación repetitiva de documentación en cada licitación por un certificado único, en el que constan, entre otros extremos, la personalidad jurídica, la solvencia económica, la capacidad técnica y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
El Registro de Licitadores en Aragón
En Aragón existe un Registro de Licitadores propio de la Comunidad Autónoma que facilita la participación en contratos autonómicos y locales, agilizando la tramitación de los expedientes. La Ley 11/2023, de uso estratégico de la contratación pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, fija entre sus objetivos, además de una contratación socialmente responsable, el impulso de un desarrollo sostenible que contribuya a conformar un tejido empresarial sólido y responsable, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas, a las empresas y entidades de la economía social y a las personas trabajadoras autónomas.
Plan de Compra Pública Socialmente Responsable
Para hacer efectivo lo previsto en la ley, el 25 de junio de 2025, el Consejo de Gobierno aprobó el Plan de Compra Pública Socialmente Responsable (PCPSR), cuyo objetivo principal es el fomento de la economía social, facilitando, entre otras cuestiones, que las empresas de economía social, las pymes y las personas trabajadoras autónomas, especialmente en el medio rural, puedan competir en los procesos de contratación pública.
Oportunidades para el Acceso a la Contratación Pública
Como primera actuación en este ámbito, se ha previsto la difusión del Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Aragón. Con ello se pretende dar a conocer el Registro como una herramienta que facilita el acceso a la contratación pública y abre nuevas oportunidades para las entidades sociales, las pequeñas y medianas empresas y las personas trabajadoras autónomas, fomentando su participación en los procedimientos de contratación pública.
