VALÈNCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) – La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha solicitado, a través de una providencia, a la Conselleria de Emergencias que, en el plazo de dos días, remita al juzgado el texto del mensaje borrador del Es Alert número 706, que no llegó a ser enviado a la población el 29 de octubre de 2024.
La investigación de la magistrada se centra en el envío tardío de alertas a la población. En sus distintas resoluciones, señala que los daños provocados por las riadas no se podían evitar, pero sí las muertes —230 contabilizadas y diez más en estudio—, por lo que la investigación pone de manifiesto la «palmaria ausencia de avisos» que impidió que la población pudiera tomar medidas para protegerse.
Además, la jueza indica que el Es-Alert del 29 de octubre fue «notablemente tardío» —se envió a las 20:11 horas— y «errado en su contenido», al señalar que se debían evitar desplazamientos, mientras que muchas de las víctimas fallecieron en plantas bajas o en garajes.
El subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, presentó en su comparecencia ante la jueza anotaciones de su cuaderno correspondientes a los días 29 y 30 de octubre. En una de ellas se encuentra lo que parece un borrador de un mensaje de alerta que recomienda «acceder a zonas altas».
Suárez, quien ya ha declarado en una sesión ante la magistrada y tiene otra pendiente, afirmó que propuso el envío de mensajes de aviso a la población antes incluso de reunirse el Cecopi, alrededor de las 17:15 horas, a raíz de las imágenes que recibieron de personas en los tejados de Utiel y Requena. Luego volvió a sugerir la acción a las 17:38 horas, aunque aseguró que no recibió apoyo.
Lo que más le «preocupaba» a Suárez eran las personas atrapadas y la posibilidad de que sufrieran hipotermia. Por ello, planteó la utilización del Es-Alert, aunque no utilizó ese nombre específicamente, y mencionó que tenían la capacidad de enviar un aviso a todos los móviles.
Ya a las 17:38 horas, la jefa del servicio de Emergencias, Inmaculada Piles, le envió por WhatsApp los nombres de los municipios afectados por la presa de Forata. En ese momento, se destacó la necesidad de avisar a la población, y Suárez reiteró la opción de utilizar un mensaje masivo a móviles. Propuso que el texto aludiera a situarse en zonas altas y estar atentos a sus teléfonos móviles. Esto se debatió a las 17:45 horas.
En las notas que entregó voluntariamente a la jueza, se puede ver un texto manuscrito que dice: «Ante la evolución de la situación de emergencia, se recomienda que con carácter inmediato acceda a zonas altas y permanezca atento a nuevos mensajes». Esta documentación también incluye otros términos como ‘Cecopi’, ‘Forata’, ‘Escenario 2=3’.
Bajo la fecha 30/10/24, aparecen apuntes sobre el Cecopi (4 zonas de trabajo: Plana de Utiel/Requena; Horta Sud/Horta Nord; Riberas; Autovía A3, REVA), el número de víctimas mortales —que aumentaba de la mañana a la tarde—, y el «desbordamiento» en Alzira y Vilamarxant.
Además de las notas, Suárez hizo llegar a la instructora una nota manuscrita de la exconsellera de Interior Salomé Pradas, quien también está siendo investigada. En esta nota se mencionan cuatro puntos sobre evitar el desplazamiento en la provincia de Valencia, la permanencia en casas, y la elevación a al menos la primera planta en comarcas como la Ribera Alta, Baixa, Horta Sud y Hoya de Buñol.
En la providencia de este jueves, la jueza también requiere a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que, en cumplimiento de una reciente decisión de la Audiencia, identifique a los agentes que estaban desplegados y ejercían funciones el 29 de octubre y, una vez verificado, acordará su citación como testigos.
Rechazo a la nulidad
Por otro lado, en un auto también de este jueves, la jueza rechaza la nulidad de las actuaciones y la repetición de declaraciones ya practicadas desde el pasado 4 de septiembre, como solicitó la acusación particular que fue expulsada del procedimiento y que la Audiencia de Valencia ha ordenado reincorporar.
La instructora señala que la Audiencia, en su auto del pasado 2 de diciembre, simplemente acordó la readmisión de la acusación particular, sin declarar la nulidad de actuaciones, declaraciones ni resoluciones judiciales.
La magistrada también menciona que la petición de retrotraer la instrucción al momento de la expulsión de la acusación particular «no solo perjudica a los afectados y familiares de los 230 fallecidos y lesionados», sino que «produciría un retraso injustificado» que afectaría a la propia cliente de dicha acusación.
«Hay que tener en cuenta que las únicas diligencias solicitadas hasta el momento eran peticiones que no afectaban al interés que defendía, como se expresa en el auto de la Audiencia, por lo que se desconoce qué actuación procesal hubiera llevado a cabo», se señala en el auto consultado.
La Sección Segunda de la Audiencia de Valencia ordenó a la jueza readmitir a una acusación particular expulsada por considerar que incurría en «fraude procesal», defendiendo al ex secretario autonómico investigado, Emilio Argüeso, o relacionando las riadas con «ritos satánicos», además de hacerse eco de «bulos» sobre fallecidos en un parking. La sala concluye que la formulación de una pretensión «con abuso de derecho no implica necesariamente la expulsión de la parte acusadora del proceso, sino el rechazo de esa pretensión».
